Estados Unidos cierra el año con el más reciente destape de la narcopolítica en el país, lo cual representa un nuevo golpe a la credibilidad de la alianza oficialista que apoya al presidente Alejandro Giammattei. Esta vez, Washington solicita la extradición de dos diputados y dos alcaldes por sus vínculos con el narcotráfico, por lo que al Ministerio Público no le quedó más remedio que pedir el retiro de la inmunidad de estos funcionarios. El caso más emblemático lo representa el diputado José Armando Ubico, quien es uno de los aliados más cercanos al mandatario, a quien ha acompañado en actividades departamentales. Giammattei llegó a decir: “Agradezco profundamente la presencia del diputado Ubico porque, a pesar de que ganó por otro partido, ha sido un buen amigo y aliado en el Congreso”. Tan cercano al gobierno es que en marzo pasado el ministro de la Defensa, Henry Reyes Chigua, le entregó a Ubico un reconocimiento por su apoyo a esa cartera.

La solicitud de extradición arrastra a cinco partidos que ahora no pueden ignorar que han sido penetrados por el crimen organizado. Ubico llegó al Congreso por el partido Todos, que lanzó su candidatura, pese a que ya tenía antecedentes de vinculación con el narcotráfico, razón por la cual había purgado una condena en EE. UU. Tampoco el Tribunal Supremo Electoral vetó su participación en las pasadas elecciones. También fue pedida la extradición de Fredy Arnoldo Salazar, diputado suplente del Parlamento Centroamericano, electo por la Unión del Cambio Nacional (UCN), el partido más involucrado con el crimen organizado y cuyo líder nacional, Mario Estrada, está purgando una condena de 15 años de prisión por narcotráfico en EE. UU. Esa pena no solo fue por su relación con el cartel de Sinaloa, sino por su intención de asesinar a rivales políticos en las pasadas elecciones. A pesar de estos vínculos, el presidente Giammattei mantiene alianza con ese partido.

El gobierno estadounidense también pidió la extradición de Cristian Omar Escobar, alcalde de San José El Rodeo, San Marcos, quien fue electo por el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO). La misma situación afronta Esvin Fernando Marroquín, quien llegó a la alcaldía de Cuilapa, Santa Rosa, por el partido Prosperidad Ciudadana, pero recientemente ha tenido acercamientos con el presidente Giammattei, a quien ha acompañado en actividades política. Esa cercanía era parte de la intención de lanzarlo para su reelección por el partido oficial Vamos.

Al mandatario poco le ha importado mantener alianzas con políticos señalados de estar implicados en actividades ilícitas. Por ejemplo, Giammattei ha pactado con la UCN la integración de la junta directiva del Congreso. En la anterior legislatura le cedió la primera vicepresidencia a la ucenista Sofía Hernández. Esta diputada fue incluida en la lista Engels, el 20 de julio pasado, por sobornos y por utilizar sus vínculos con grupos de narcotraficantes para intimidar a sus oponentes políticos. Diez días después de la publicación de tal lista, Giammattei se hizo acompañar de la diputada Hernández en una actividad que realizó en Huehuetenango.

Si no fuera por las solicitudes de extradición de EE. UU. el narcotráfico tendría el terreno fértil en la política local. Ya se ve que al presidente y a la mayoría de partidos políticos les importa muy poco a qué se dedican sus candidatos y sus aliados políticos, cómo financian sus campañas electorales y el impacto que esta situación irregular tiene en la política nacional. La desaparecida Cicig alertó sobre el grave riesgo que representa el avance del crimen organizado en las agrupaciones políticas. Según esa instancia, el financiamiento electoral es el pecado original de la democracia guatemalteca porque es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción y el crimen organizado.