Las menores estaban bajo llave en un aula del recinto que se ubicaba en el kilómetro 25, de la carretera a San José Pinula, los familiares de las víctimas han recorrido un complicado camino legal que ha retrasado el desarrollo del debate oral y público, en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y de otras instituciones de protección de menores, así como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a la protección de las instalaciones en donde ocurrió la tragedia.
Por estos hechos se encuentran señalados los exfuncionarios de la SBS Carlos Rodas, exsecretario, Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo y Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar, por supuestamente incurrir en abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.
El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal tendrá a su cargo el desarrollo de este, dicho órgano deberá resolver si excluye a Keller de este proceso para que sea juzgada por separado.
Más de 900 pruebas
La Fiscalía contra el Femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer tendrá a su cargo la acusación y cuenta con 918 medios de prueba con los que busca sustentar los señalamientos contra los acusados.
En el juicio serán expuestos 790 documentos, así como los informes de 44 peritos y testificarán ante el Tribunal Séptimo de Sentencia 84 testigos. El expediente está integrado por 15 mil folios.
Mientras que la Procuraduría General de la Nación (PGN), forma parte del proceso penal representando a las niñas fallecidas, además las 15 menores sobrevivientes también forman parte del proceso.
Las 56 niñas se encontraban en un aula pequeña, bajo llave, cuando se originó el incendio, en un hogar bajo la administración del Estado. El fuego se produjo dentro del aula, como protesta por el hacinamiento, el maltrato y las condiciones en que se encontraban las menores.
Del antejuicio
En junio de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó una solicitud de retiro de inmunidad contra el entonces presidente Jimmy Morales, que fue promovida por los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán, por supuestamente tener responsabilidad en los hechos en los que fallecieron las menores.
En su momento la congresista dijo que la denuncia contra Morales fue planteada por la jerarquía de mando y porque las personas clave en la SBS tenían vínculos con el gobernante, entre estos Anahí Keller.
La CSJ por mayoría decidió no retirarle la inmunidad al mandatario por considerar que el requerimiento era político y espurio.
Durante la audiencia de primera declaración, Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC declaró que el presidente Morales tenía conocimiento de lo que sucedía en el lugar y que habría girado instrucciones por medio de una llamada telefónica, facilitada por una persona que se identificó como asesor presidencial de nombre Carlos Beltetón.
LOS SINDICADOS
- Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social
- Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo (Tribunal Séptimo deberá definir si la excluye)
- Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar
- Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez
- Brenda Jullissa Chaman Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato
- Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC
- Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC
- Gloria Castro, exdefensora de la Niñez
