Los registros hasta el pasado 29 de diciembre detallaban que, en 2022, fueron extinguidos Q6 millones 59 mil 410 y US$1 millón 446 mil 770, unos Q11 millones 284 mil 812.
Al Juzgado de Extinción de Dominio ingresaron 111 procesos nuevos, de los cuales 104 fueron promovidos como acciones para expropiar, un 94 por ciento, y siete solicitudes de medidas cautelares, 6 por ciento.
Dicho Juzgado dictó 94 sentencias, en 88 no se comprobó la legalidad de la adquisición de los bienes y fueron declaradas con lugar, mientras que en seis consideró que sí se cumplieron con los requerimientos legales y en algunos casos se pudo comprobar la procedencia legal de los bienes, por lo cual fueron declarados sin lugar.
Otros bienes
Entre los bienes que fueron expropiados se encuentran 83 vehículos, la mayoría son camiones en los cuales se transportaba mercadería de contrabando, que fueron reportados por la Policía Nacional Civil e investigados por el Ministerio Público.
Además, se extinguió una avioneta y una lancha, por medio de las cuales se transportaba droga; también fueron expropiadas 16 armas de fuego y 14 bienes inmuebles. Los datos son significativos si se toma en cuenta que en 2021 no se extinguió ni una propiedad, mientras que en 2020 solo tres.
Algunos expertos en materia judicial consideran importante continuar con las acciones que afectan las fuentes económicas del crimen organizado y debilitan a las estructuras criminales que operan en territorio nacional y en el extranjero.
El oxígeno de los actos ilícitos
Las pesquisas que buscan despojar de todo tipo de bienes a las agrupaciones criminales “son fundamentales” para debilitar al crimen organizado, puesto que, para estas organizaciones, “el dinero es el oxígeno de sus actividades. Es imposible vencerlos a menos de que se incauten los productos del delito”, explicó Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo.
El profesional refiere que la experiencia internacional demuestra que “el crimen organizado puede hacer mucho daño con los recursos que percibe de las actividades ilegales”, por lo que considera vital que se fortalezcan las investigaciones en materia de extinción de dominio.
Agregó que al enriquecerse estas organizaciones pasan a formar redes criminales que luego amplían sus actividades delictivas. Subrayó que “ese dinero luego puede contaminar la política cuando entra a campañas”.
Necesario continuar con el combate
Con el tiempo, la inteligencia financiera del crimen organizado y sobre todo del narcotráfico descubrió que los líderes de estas estructuras podrían hallar una cobertura legal, por ejemplo, al utilizar testaferros cuando adquirían bienes, explico Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
El profesional recuerda que “la bancarización del efectivo y el combate de los paraísos fiscales es importante” derivado de que estos grupos utilizan bancos en el extranjero e innovan sus mecanismos para darle una aparente licitud al efectivo.
El lavado de activos ha ido muy de la mano con la evasión de impuestos, contrabando y narcotráfico “el control ha ido en la economía formal, en la economía informal es muy difícil y donde más problema se genera es en Estados Unidos”, refirió Quezada.
“Seguir la ruta del dinero es la fuente más confiable en una investigación y el atacar la fuente económica de alguna manera desmotiva todo negocio ilícito”, por lo que es importante continuar con las pesquisas que permitan debilitar al crimen organizado.
El destino de lo extinguido
De acuerdo a lo que establece la Ley de Extinción de Dominio en su artículo número 47, la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, debe distribuir los recursos de la siguiente manera:
- 25% para los fondos privativos del Organismo Judicial.
- 20% para cubrir los gastos de las unidades de métodos especiales de investigación creadas en virtud de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
- 20% para los fondos privativos del Ministerio Público que deberán ser invertidos en los programas de protección de testigos.
- 18% para que pasen a formar parte de los fondos privativos del Ministerio de Gobernación para el entrenamiento y adquisición de equipo en apoyo directo a las unidades de investigaciones.
- 15% para los fondos privativos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, con destino exclusivo pare cubrir los gastos de administración de bienes incautados.
- 2% para la Procuraduría General de la Nación.
Cifras
Se incautó en efectivo:
- US$1 millón 446 mil 770
- Q6 millones 59 mil 410
- Se presentaron
- 111 Procesos de extinción de dominio
Se inmovilizaron
- 83 automotores
- 16 armas de fuego
- 14 bienes inmuebles
- 1 avioneta
- 1 lancha
