Aunque existen tantas necesidades y urgencias para mejorar la administración de justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprovechan el tiempo extra en el cargo para recetarse voluminosos aumentos salariales y despacharse permisivas concesiones respecto de los viáticos. Quizá creen que la aprobación unánime los faculta para ello, pero en realidad es solo un abuso colectivo lesivo para el erario y no representa beneficio alguno para la ciudadanía. Quizá podrán ser “legales” esas autoconcesiones, pero eso no les resta lo desconsideradas e inmorales.

Después de tantos favores a figurones claves del actual Ejecutivo y Legislativo, así como a politiqueros y allegados del pacto oficialista que ha frenado por tres años la elección de nuevos magistrados, es improbable que alguno de estos sectores coligados haga un reclamo vehemente en contra de estos dispendios. Únicamente la ciudadanía honrada y la prensa independiente denuncian estos despilfarros que dicen mucho del talante ético de sus beneficiarios.

Están a la vista amplias necesidades de agilizar los servicios judiciales en materia civil, familiar, mercantil y penal. Sucesos violentos cada vez más frecuentes en contra de la niñez y las mujeres hacen evidente la creación de tribunales de alto impacto específicos, a fin de agilizar la aplicación de las leyes. Entre dos y tres años se llevan procesos judiciales que deberían ser resueltos en menos de 12 meses, para poder ofrecer así mayor certeza de castigo a los ofensores y una más pronta dignificación a las víctimas y sus familiares. Así también sería beneficiosa la ampliación de infraestructura y personal del OJ en la provincia.

Ayer se cumplieron 39 meses de plazo extendido de los magistrados de la CSJ, quienes, si no querían seguir trabajando con las condiciones salariales previas, pudieron tener la decencia de renunciar para dedicarse a la práctica privada o para cerrar su ciclo laboral en el Estado. No está de más recordar que fueron electos en 2014, mediante un contubernio entre los partidos Patriota y Líder, hoy extintos a causa de los abusos cometidos por sus dirigentes. De hecho, varios magistrados actuales se vieron involucrados en las negociaciones oscuras que dieron origen al caso judicial Comisiones Paralelas. No obstante, se salvaron entre sí, alternándose en las votaciones de pedidos de retiro de antejuicio. Algo similar ocurrió con antejuicios en contra de funcionarios y congresistas aliados al oficialismo, aunque sí ordenaron el retiro de inmunidad de opositores.

Aunque los cuestionados aumentos no solo son para los magistrados, sino también para algunos jueces, los trabajadores del Organismo Judicial reclaman ya un beneficio similar para ellos: exigen un aumento de Q10 mil para los empleados que quedaron excluidos, lo cual sería insostenible y representaría un lastre económico creciente para el futuro estratégico de este sector del Estado.

Es difícil que cualquier autoridad del Estado impugne los aumentos autoconcedidos, pero por dignidad y mínima obligación moral deberían ser objetados, ya sea por la Contraloría General de Cuentas, por algún integrante de la Comisión de Finanzas del Congreso o por algún presidenciable que desee mostrar algo de respeto a los contribuyentes. Viajar en primera clase mientras la calidad de gestión judicial es de tercera o cuarta es incoherente e intolerable.