Sendas peticiones recientes de dos presuntos implicados, el exministro Alejandro Sinibaldi —estuvo cuatro años prófugo— y el expresidenciable y exconvicto Manuel Baldizón, para ser querellantes adhesivos contra sus otrora acusadores exhiben el tirabuzón que ha dado en un semestre la pesquisa por el millonario fraude vial Odebrecht. Como lo hizo en otros países, la compañía brasileña sobornó a diputados y funcionarios guatemaltecos para obtener el contrato para la reconstrucción total de la carretera interfronteriza del sur, entre El Salvador y México.

La declaración de dos directivos, Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado, devenidos en colaboradores eficaces en 2017, originó causas judiciales contra Sinibaldi, Baldizón y otras personas, entre las cuales ya existen cuatro cuatro sentenciados confesos. En junio de 2022, una sala de apelación suprimió el acuerdo con los brasileños, a petición de Sinibaldi; el 28 de noviembre último, el actual jefe de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, anunció la supresión de la primera declaración de los exdirectivos, ofrecida mediante videoconferencia en 2017. Emprendía además persecución penal contra exfiscales señalados de haber efectuado una negociación lesiva sobre el monto del resarcimiento al país. Según el acuerdo desechado, Odebrecht pagaría US$17.9 a Guatemala: unos Q136 millones.

Mameri y Cerqueira están citados por el MP a declarar en el país para el próximo 1 de febrero. El lunes recién pasado, el fiscal Curruchiche anunció otras cuatro órdenes de captura, entre las que figura la ex fiscal general Thelma Aldana, y acusó de ilegalidades al exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez.

El señalamiento desató un altercado mediático entre los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, y de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, cuyas invectivas polarizan posturas. La oposición colombiana aprovechó para arremeter contra Velásquez y Petro, quien, a su vez, ha respondido con agudos dardos los comentarios del gobernante guatemalteco. Giammattei Falla lo llamó “guerrillero” durante una entrevista en España, pero después pedía cordura en un tuit. Ambos gobiernos llamaron a consulta a sus embajadores, pero el tono de esta polémica no debería seguir escalando, en nombre de la casi bicentenaria relación diplomática —desde 1825—, el fuerte comercio binacional y la cooperación en seguridad. Si este intercambio se viera afectado por intransigencias, sería un pésimo precedente para la inversión, además de desviar el foco del caso.

Es llamativo que el replanteamiento del caso Odebrecht haya comenzado hasta el segundo período de la fiscal general, Consuelo Porras. Es imperioso reconstituir los indicios en contra de señalados que incluso admitieron su participación. La Fiscalía ha avanzado poco en las pesquisas contra diputados o exdiputados que participaron en la aprobación del fallido proyecto de US$399 millones; varios siguen en el Congreso como tránsfugas. La ruta del dinero debería conducir a sólidos encausamientos.

Mientras tanto, la ciudadanía, el comercio y la industria de Guatemala siguen padeciendo a diario las condiciones lamentables de la ruta sur. Existen tramos con las ansiadas pero incompletas ampliaciones a cuatro carriles y también hay zonas de recapeo sin señalización, con súbitas reducciones y engorrosos embudos al cruzar poblados que iban a ser circunvalados. Las condenas por aceptación de cargos, incluyendo la de un cuñado de Sinibaldi, también deberían dar indicios para castigar este robo de futuro y competitividad nacional.