Otrora solía endilgarse a la ciudadanía una supuesta falta de denuncia sobre hechos delictivos como una excusa para la falta de acciones policiales y captura de posibles malhechores. Por tratarse de una omisión usualmente causada por el temor, es difícil calcular su dimensión y, en efecto, el miedo sigue siendo un factor adverso, pero que se ha ido reduciendo con la implementación de mecanismos como la línea telefónica confidencial 1561 para que las víctimas presenten quejas, identifiquen a agresores o simplemente reporten el avistamiento de personas o actividades sospechosas bajo la certeza de total anonimato. En el mismo sentido funciona el sitio digital tupista.gt, implementado el año pasado.

Mediante ambos recursos de denuncia ciudadana la Policía Nacional Civil ha recibido alrededor de 37 mil alertas que han servido para la detención de personas con orden de captura o bien acusadas de algún ilícito. Si se hace un cálculo estadístico estamos hablando de cien llamadas diarias, aproximadamente cuatro por hora: una cada 15 minutos, lo cual marca un avance esperanzador en cuanto a la participación de la ciudadanía en el combate de la inseguridad.

Este proyecto, que avanza con el apoyo de la organización Crime Stoppers, funciona bajo estrictos protocolos para proteger la identidad de los denunciantes. Los agentes que registran cada llamada no tienen acceso a ningún dato de la persona, ni al número telefónico desde el cual se efectúa la llamada. Quien hace la llamada no tiene obligación alguna de identificarse, pero sí de aportar descripciones e indicios claros acerca del hecho delictivo que reporta. En el portal digital tampoco se rastrean datos ni localización.

Es llamativo que una de cada cuatro llamadas apunta a transgresiones legales relacionadas con el narcotráfico. En segundo lugar están las extorsiones, denunciadas en un 15% de las llamadas, aproximadamente 5 mil 500 en un año, 15 diarias, lo cual exhibe la prevalencia de este delito que lacera especialmente a la población económicamente activa, sobre todo pequeños emprendedores de barrios y provincia. Le siguen violencia intrafamiliar, ataques armados y trata de personas. Cada llamada recibe seguimiento y con frecuencia ha conducido a capturas de ofensores.

Sin embargo, la aprehensión es solo el primer paso y entra en juego el resto del sistema de justicia. Obviamente no basta con la detención de personas, se necesita consolidar una acusación formal y un proceso judicial que conduzca a un juicio oral y público que genere una sentencia condenatoria sólida. Además, el sistema carcelario, en sí mismo, precisa de una mejora consistente de su seguridad, para que los detenidos no tengan vías para comunicarse con el exterior. Lamentablemente, hasta la fecha, siguen siendo verdaderas coladeras de artículos prohibidos, desde celulares hasta computadoras.

Así también es necesaria la priorización de todas aquellas denuncias interpuestas en contra del accionar de agentes policiales, fiscales o jueces, sobre todo aquellos destacados en áreas fronterizas, donde están continuamente obligados a combatir el narcotráfico, el contrabando o el tráfico de migrantes indocumentados, y por lo tanto expuestos a la tentación de sucumbir a ofrecimientos pecuniarios. Hay denuncias de este tipo presentadas al 1561, muy fáciles de verificar porque siguen ocurriendo a pesar del transcurso de los meses desde su interposición.