Todo migrante indocumentado en ruta a Estados Unidos se expone a sufrir exacciones, penuria, hambre, vejámenes, asaltos, secuestros y recorridos extenuantes que pueden llegar a poner en riesgo su vida. Todos los anteriores peligros se acrecientan en el caso de los menores que hacen el trayecto, sobre todo si no van acompañados de ningún familiar o persona conocida. La desesperación por la falta de oportunidades o por lograr una reunificación familiar en algún estado del país del norte conllevan el experimento temerario de confiar a un traficante de personas la vida y la integridad de un niño o adolescente, que además representa un costo oneroso.

Más de 200 mil migrantes guatemaltecos fueron interceptados en la frontera sur de EE. UU. durante el 2022. Uno de cada cuatro de ellos era un menor de edad no acompañado, evidencia suficiente no solo de que el éxodo continúa, sino también que se está llevando el más valioso tesoro del país: su futura población productiva.

La violencia criminal, las pandillas, la pobreza, la desnutrición, el desempleo y hasta la falta de expectativas en educación se convierten en los detonantes de la huida. Apenas el viernes último autoridades migratorias mexicanas localizaron a 67 migrantes guatemaltecos que viajaban hacinados en un furgón, entre Chihuahua y Juárez. Lo más estremecedor es que 57 de ellos son menores que iban solos.

Quienes logran completar la travesía no siempre están a salvo, puesto que se enfrentan a un entorno hostil, con poca formación educativa, falta de dominio del inglés y desconocimiento total de sus derechos, lo cual les convierte en potenciales víctimas de explotación laboral. Tal es el caso de una cincuentena de menores hispanos, de entre 13 y 17 años, que trabajaban en horario nocturno y condiciones adversas en plantas procesadoras de carne de Nebraska, entre los cuales se presume que hay guatemaltecos.

El caso surgió por una investigación del Departamento del Trabajo de EE. UU. por violaciones a la legislación vigente sobre trabajo infantil en dicho país. Los hallazgos fueron difundidos a finales de noviembre del año anterior. El consulado de Guatemala en Denver, Colorado, fue el encargado de inquirir sobre la presencia de adolescentes connacionales. Sin embargo, dos meses después no hay resultados, al parecer porque se trata de una pesquisa federal sujeta a confidencialidad. En todo caso, el argumento resulta endeble si se considera que el Ministerio de Relaciones Exteriores, contestatario para ciertos señalamientos estadounidenses, debió tomar la iniciativa para poder, al menos, confirmar si hay connacionales afectados y su número.

El combate a la trata de personas pasa por la penalización de los “coyotes”, por supuesto, pero no es la única variable. Hace falta crear condiciones de confianza en la posibilidad de desarrollo personal, educativo y económico en la región de origen.

Además, es preciso garantizar la seguridad pública, el funcionamiento de los servicios institucionales de salud, justicia y defensa de garantías. Esos deberían ser los temas discutidos por los candidatos a la presidencia, alcaldías y Congreso, pero no lo hacen. Existen amplias áreas del país donde el Estado está, en la práctica, ausente y predomina el agobio, que a su vez lleva a la desesperación y a la huida hacia territorios inhóspitos en busca de un sueldo por hora, aunque toque lavar sangre de reses con líquidos corrosivos en la oscuridad de la noche.