El informe publicado por Transparencia Internacional (TI) evalúa a 180 países del mundo, según la percepción del nivel de corrupción en el sector público. La puntuación media global es 43 sobre una calificación de 100 puntos. Guatemala está muy por debajo de ese promedio y aparece en la posición 150 del ranquin.
A criterio de Cux, esto impacta en la manera en que inversionistas, cooperación internacional y los demás gobiernos ven al país, que no tiene la capacidad de combatir la corrupción. “Se han debilitado sus instituciones y lejos de eso persigue a quienes han investigado actos corruptos”, dice.
De cara a las elecciones generales 2023, refiere que el aumento en el Presupuesto General de la Nación facilita los “bolsos de corrupción”, lo que permite la asignación de recursos a programas asistenciales, de contratos a dedo, el financiamiento de partidos políticos y la compra de votos para colocar a ciertos grupos en el poder.
Es un círculo vicioso que lleva al país a descender en la calificación del IPC, una evaluación que termina por retratar la realidad nacional, con más población en pobreza, más niños con desnutrición y mayor inseguridad.
“Una auditoria que se hizo a las ampliaciones presupuestarias del Ministerio de Comunicaciones se observa que el 55 por ciento del presupuesto ha sido designado para contratar empresas con vínculos de actores políticos, exdiputados, financistas, personas vinculadas a agrupaciones políticas, a clanes políticos, esto va a impactar en el financiamiento de los partidos”, indica Cux.
El entrevistado también ve un riesgo en que los consejos departamentales de Desarrollo (Codede) tengan más recursos, lo que puede prestarse a hechos de corrupción e incidir en los resultados electorales.
Por otro lado, menciona que Acción Ciudadana ha recibido denuncias de comunitarios que reciben una “ayuda mensual” para incidir en la compra del voto, ya no es la entrega de láminas o block el día de las elecciones sino es una compra de voluntades que se da desde ya.
“No creo que ocurra un riesgo de la transmisión de datos como el que se dio en el 2019, sino que la manipulación se ha dado con dos fenómenos específicos: la obstaculización de ciertas candidaturas a través de quitar finiquitos, de presentación de nulidades a través del Sistema de Justicia, que también está cooptado, y la otra que es la compra del voto”, agrega.
En mala posición
En un lapso de 12 años, Guatemala pasó del puesto 91, que tenía en el 2010, al lugar 150 en el 2022. Es una caída de 59 posiciones, y se ubica a las últimas posiciones de los países de Latinoamérica, por delante de Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Según el informe de IT, con excepción de Haití, en estos países “las élites y el crimen organizado han cooptado a las instituciones estatales”.
En ese contexto, en Guatemala se ha perdido la confianza en el sistema de justicia y en que se respete el Estado de Derecho. “Poco a poco nos estamos alejando del desarrollo y lo que suponen una mejor calidad de vida en el país”, señala Cux.
De esa cuenta, es que los países de la región que están en peor condición tienen las tasas más altas de población que se ha visto forzada a migrar, pues hay “una correlación directa: a mayor corrupción mayor migración”, añade.
