Según el documento, la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) se elevará a la categoría de ministerio, como la cartera de Planificación y Gestión Pública.
El camino que ha tenido está propuesta comenzó el pasado 4 de octubre pasado, cuando un grupo de diputados liderados por el oficialismo presentó la iniciativa ante Dirección Legislativa.
Un día después, fue remitida a las comisiones de trabajo, de Finanzas, que está pendiente de dictaminarla, y de Legislación y Puntos Constitucionales que ya emitió un dictamen favorable con modificaciones el pasado 18 de enero, en los primeros días del actual periodo de sesiones ordinarias.
El 25 de enero último la iniciativa fue tramitada en primera lectura, y este miércoles en segundo debate, a pesar de las voces en desacuerdo de algunos congresistas quienes argumentaban, por ejemplo, que por ser una iniciativa que abordaba temas de planificación que alcanzaría a entidades autónomas, era necesario para su trámite la presencia de al menos 107 diputados.
La diputada Shirley Rivera expuso que, al hacer las evaluaciones a la iniciativa, consideraron que su trámite no tal cantidad de legisladores porque no se crea una nueva entidad autónoma.
El diputado Román Castellanos, integrante de la bancada Movimiento Semilla, impulso una moción para tratar que la iniciativa regresará a comisión, pero solo obtuvo 29 votos a favor.
Los diputados luego de dar conocer el resultado dieron seguimiento al debate a pesar de que algunos diputados pedían a gritos el uso de la palabra.
Uno de ellos, Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque de Partido Unionista, tachó de “cobardía” que la Junta Directiva no diera la palabra a los que se oponen al Ministerio de Planificación, y señaló que los integrantes de la directiva “son una bola de abusivos y prepotentes”.
Ahora la iniciativa solo debe ser conocida en tercer debate y redacción final para que sea aprobada.
El contenido
El dictamen favorable con modificaciones que hizo la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales detalla 32 artículos, y se fundamenta como una herramienta jurídica para mejorar la gestión pública en el país.
La propuesta, además, afirma que con este nuevo ente de planificación será viable invertir en proyectos que sean necesarios para el beneficio social, y crea entidades encargadas de velar por este tipo de procesos.
Segeplan se elevaría a categoría de ministerio, y entre algunas de sus atribuciones se encuentran formular una política general de gobierno y velar por su ejecución; ejercer rectoría en el Plan Nacional de Desarrollo; armonizar proyectos de otros ministerios, así como de los Consejos de Desarrollo.
También la iniciativa contempla la integración de la Comisión Técnica de Evaluación, que estará dando seguimiento a todos los planes que se trace la futura cartera. Este órgano estaría integrado por las siguientes autoridades:
- El titular del Ministerio de Planificación y Gestión Pública o su suplente.
- El representante suplente ante la Junta Monetaria electo por las Asociaciones Empresariales de Comercio, Industria y Agricultura.
- Tres investigadores académicos, con experiencia en la materia y que pertenezcan o colaboren en instituciones, organizaciones civiles o centros de investigación.
- Un miembro del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial.
- Un representante de las universidades del país.
- El presidente del Banco de Guatemala.
Cada uno de los delegados para esta comisión puede nombrar un suplente, y desempeñarán el cargo sin el cobro de algún salario, según dicta la propuesta de ley.
Los riesgos
Aunque la propuesta se presente como innovadora y un promotor en materia de planificación y gestión pública presenta deficiencias, según Karin Slowing, quien dirigió Segeplan de 2010 a 2012.
“Crear un ministerio no va a hacer una diferencia en términos de la capacidad que tenga para que los demás ministerios ejecutores hagan lo que les toque”, señaló.
La propuesta, incluso, podría entorpecer el trabajo de otras dependencias, considera, debido a que hay algunos artículos que podrían aumentar los procesos burocráticos.
Por ejemplo, en el artículo 11 dicta a la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, que previo a remitir el dictamen del proyecto de presupuesto nacional deberá de remitirlo al Ministerio de Planificación “para considerar la opinión técnica”.
Incluso entidades autónomas, como las municipalidades, tendrán que acoplar su agenda a la política de planificación que impulse el Ministerio de Planificación, según cita el artículo 18 de la propuesta.
También el numeral 14 estipula que esta entidad tendrá que evaluar que la cooperación internacional “sea coherente con las prioridades del país”.
Ese artículo, según Slowing, podría ser peligroso, “crea tensiones que no son necesarias y no mejora la cooperación. Lo que están tratando de hacer es controlar a los donantes sobre a quién le dan la cooperación”.
La llegada de este ministerio en año electoral, pudiendo estar concretado para la época de campaña, podría representar actividades clientelares con fondos públicos, según Marvin Flores de Acción Ciudadana (AC).
“Se corre un riesgo porque sería incurrir en un proceso político y electoral. Actualmente Segeplan es de las pocas instituciones de gobierno que son eficientes y efectivas”, enfatizó.
Planificación a largo plazo
La iniciativa de ley impulsada por el partido oficial tuvo la firma de 14 diputados de distintas bancadas, uno de ellos es Aníbal Rojas, cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso quien defendió el proyecto.
Rojas considera que la iniciativa no es “un súper ministerio”, por el contrario la califica como una herramienta de planificación a largo plazo para concretar proyectos que un Gobierno es incapaz de hacer en los cuatro años de su gestión.
“Me da curiosidad la gente que habla en contra la de la iniciativa porque seguramente ni se han tomado el tiempo de leerla y ni han visto el dictamen”, señaló el diputado ponente.
Calificó de “comentarios mal intencionados” las dudas alrededor de mayor burocracia, plataforma clientelar y obstáculos a la cooperación internacional que se han manifestado.
El legislador dijo que estos comentarios vienen de “personas que se oponen al desarrollo para crear polémica y poder recaudar recursos de sus organizaciones” y que “no piensan en el bienestar del país”.
La propuesta, según Rojas, cuenta con algunas deficiencias que serán subsanadas en la tercera lectura y redacción final, por ejemplo, algunos artículos que podrían chocar con la autonomía de otras instituciones de Estado.
Para ello, aseguró, se socializa entre los congresistas un paquete de enmiendas para que se conozca en tercera lectura. El diputado duda que la iniciativa sea aprobada la próxima semana; sin embargo, la aplanadora oficialista del Congreso consiguió el año pasado aprobar decretos en cuestión de días.
