Pese a los discursos, los ofrecimientos y la publicidad, el Tribunal Supremo Electoral no consigue aún librarse del tácito ascendiente de partidos aliados del oficialismo que hicieron posible la elección de los actuales magistrados titulares y suplentes. Desde 2020, esos grupos jalonean, condicionan y hasta han logrado ver revertidas sanciones impuestas, incluyendo a fuertes transgresiones que fueron prácticamente condonadas, y con ello sientan nefastos precedentes.

Reza el dicho que no se deben hacer cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas, y una de ellas es el hermetismo de las sesiones rutinarias del pleno con representantes de partidos políticos. Quizá sea un normal intercambio de razones, solicitudes y resoluciones, pero nadie lo sabe a ciencia cierta, porque tales encuentros están cerrados a los medios de prensa.

Según la visión y misión del TSE, expuestas en su sitio digital, su principal razón de ser es garantizar el derecho de todo ciudadano de elegir y ser electo con plena libertad, así como fortalecer el sistema democrático, del cual los partidos políticos son una parte, pero no el todo, por lo que no debería arrogarse el derecho de vedar el acceso a tal institución, generadora de información pública. Dentro de sus funciones, la Ley Electoral fija “cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones políticas y procesos electorales, así como dictar las disposiciones destinadas a hacer efectivas tales normas, incluyendo la facultad de acordar directamente las medidas y sanciones necesarias”.

En el actual proceso, el primer titubeo del TSE fue acceder en diciembre a la presión partidaria de eliminar el sorteo de casillas en papeleta entre candidatos inscritos. Se regresó al obsoleto sistema de quien se inscriba primero elige dónde quiere ir. No se sabe qué partidos y bajo qué argumentos apoyaron lo que la magistrada presidenta, Irma Palencia, denominó “consenso”, aunque en realidad tenía más al aspecto de un pacto de presión. El ente, que tiene la facultad de acordar directamente las medidas, pudo rechazar ese capricho ventajoso en favor de la equidad de todos los participantes. “Ya desde este espacio estamos practicando democracia desde casa”, argumentó la magistrada presidenta al justificar aquel cambio. Se desconocen cuáles fueron los argumentos a favor o en contra, gracias al secretismo de las sesiones.

Todo aquello que los partidos no puedan manifestar públicamente pero lo hacen en un espacio hermético, alejado del oído ciudadano, constituye una contradicción sobre su función de interlocutores entre la ciudadanía y el Estado. Lamentablemente es casi lógico este doble discurso, porque muchas carrozas electoreras prefieren lucir festones populistas, letreros propagandísticos no vinculantes y ofertas que no pretenden cumplir. El principal signo de esta superficialidad es que, hasta ahora, ninguno de la treintena de grupos ha aceptado proponer o comprometerse con una agenda mínima de Estado, consensuada ante la ciudadanía.

Si la objeción de partidos y magistrados es la aglomeración de medios de comunicación en poco espacio, la solución es sencilla: con un simple celular conectado a una red social y un buen micrófono se puede transmitir íntegramente la sesión en vivo. Eso sí sería promover la transparencia política, empoderar a la ciudadanía y proveerle de elementos concretos para emitir un voto informado. Eso sí sería practicar la democracia desde casa.