En segunda lectura va la iniciativa de ley 6145, “Ley de Planificación y Gestión Pública”, que contiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los peores venenos legales centralizantes en la historia de la administración pública. Este tipo de leyes se escribe con criterios espurios, en papel toilette, y paran en la letrina de lo absurdo.

El superministerio de “planificación” parecería más bien un copy paste del antiguo politburó soviético, porque centraliza y obliga a los tres poderes del Estado a “coordinar” todas las licencias, permisos y autorizaciones que hacen los mismos; y todas las municipalidades, además de entidades semiautónomas centralizadas y descentralizadas de todos los niveles y organismos de gobierno, en abierta violación al precepto constitucional que “prohíbe la subordinación entre poderes del Estado”.

Esta aberración de ley ordinaria pretende erigirse en una especie de Asamblea Nacional Constituyente y cambiar la naturaleza de nuestra república semipresidencialista no parlamentaria a una distorsión ilegal que le concedería a un “primer ministro” de facto facultades supraconstitucionales (de suyo ilegales), y suplantar a los tres presidentes de los tres poderes del Estado en sus funciones (lo que además sería delito de suplantación de funciones e inconstitucional).

La aberrante iniciativa de ley no ha pasado desapercibida por algunos abogados y exdiputados al Congreso de la República pensantes, quienes se han manifestado en contra, incluyendo diputados y abogados de izquierda.

Es imperativo que sea retirada de agenda y detenido el proceso legislativo, y que en el pleno se organice una mayoría de oposición para detenerla.

Solo en regímenes totalitarios como los del partido comunista soviético, ruso, chino, cubano o coreano del norte tienen cabida aberraciones centralizadoras del poder público y tomas de poder totalitario como estas.

La naturaleza de la República es dividir y limitar el poder mediante un sistema de pesos y contrapesos. La naturaleza de la dictadura totalitaria es corromper el poder público y centralizar la burocracia y el pago de las mordidas o sobornos a un Gobierno central en una sola oficina burocrática única y corrupta.
Los riesgos, leemos en un reportaje de Prensa Libre, es que, además de la centralización, “el presidente tendría que aprobar absolutamente todo”. “El artículo 19 establece formular para conocimiento y aprobación del Presidente de la República… las entidades estatales correspondientes y otros organismos del sector público, las políticas y programas de cooperación”.

La iniciativa de ley 6145, aun cuando supone un modelo de ejecución y planificación con implicaciones en el desarrollo social y económico, ha sido objeto de un silencio profundo de los promotores parlamentarios. No se ha presentado públicamente, ni para debate ni para consulta.

Una ley como la 6145, que tiene enormes impactos para la calidad y la transparencia del gasto público, en un país como el nuestro, tan llena de brechas insatisfechas, debe ser rechazada, cortada con tijeritas, en pedacitos, y lanzársela a los promotores como confeti.

El gasto siempre ha estado en la picota pública porque rara vez se cumplen las dos características más importantes del mismo: la eficiencia y la efectividad, como lo sostiene el premio Nobel Milton Friedmann. Pero ahora se le agrega a este cáncer del gasto el elemento perverso de la centralización del Estado. Exactamente lo opuesto de lo que se ha venido tratando de hacer con grandes esfuerzos.

La tormenta perfecta para instaurar un régimen dictatorial.