Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua como parte de la represión desatada tras las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007, reelegido en 2021 en unos comicios puestos en entredicho.
El jueves el gobierno excarceló a 222 presos políticos y los expulsó a Estados Unidos por considerarlos “traidores a la patria”.
El Parlamento, integrado por partidarios de Ortega, aprobó ese mismo día una ley en virtud de la cual los “traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”. La norma requiere una segunda aprobación legislativa en el segundo semestre de este año, que se da por descontada.
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La nacionalidad constituye “un derecho inderogable de todas las personas, y la privación arbitraria de la misma, especialmente como pena o sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos”, afirma la CIDH en un comunicado.
Este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recuerda que Nicaragua forma parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas desde 2013 y le insta “a derogar las recientes modificaciones legislativas contrarias a los estándares internacionales e interamericanos”.
A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la CIDH se compromete a “seguir de cerca la situación de derechos humanos de las 222 personas liberadas” y urge al gobierno de Ortega a liberar a todas las personas “detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis” en el país.
La organización “saluda”, no obstante, la excarcelación, que “pone fin a años de encierro arbitrario, bajo condiciones deplorables de detención, por ser consideradas opositoras al gobierno, ejercer legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los derechos humanos”.
EE. UU. pide la “liberación inmediata” de obispo
Mientras que Estados Unidos pide “la liberación inmediata” del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión en Nicaragua, afirmó este lunes un portavoz del Departamento de Estado, que añadió que la excarcelación de 222 presos opositores “no fue una panacea”.
“Condenamos esta acción del gobierno de Nicaragua y pedimos la liberación inmediata del obispo Álvarez”, afirmó Ned Price, cuatro días después de que el prelado rechazara irse a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país.
Un tribunal condenó al obispo a 26 años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de 1 mil 600 dólares, además de privarle de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.
La semana pasada “dejamos muy claro” que la liberación de esos presos políticos “es un paso bienvenido, fue un paso constructivo, pero de ninguna manera fue una panacea para las muchas preocupaciones que tenemos respecto al régimen” del mandatario Daniel Ortega, “incluyendo la represión y opresión que sigue ejerciendo contra su propio pueblo”, insistió Price.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho.
“Seguimos pidiendo la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales y seguimos firmes en alentar al gobierno a restaurar las libertades civiles y la democracia para el pueblo nicaragüense”, añadió Price este lunes.
El viernes, un día después de la excarcelación y deportación de los opositores, privados de sus derechos políticos y despojados de su nacionalidad, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, habló por teléfono con su homólogo nicaragüense Denis Moncada sobre “la importancia del diálogo constructivo”.
El gobierno de Ortega se ve sometido a fuertes presiones de la comunidad internacional y a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
