Después de casi 10 años de vigencia de la Ley contra el robo de terminales celulares, es irónico que el despojo de esos aparatos no solo persista en el país, sino con abultadas cifras. Es preocupante que puedan ser reactivados a pesar del bloqueo y puestos a la venta en la clandestinidad en países vecinos, como si no existieran medios tecnológicos suficientes para su desactivación global permanente al momento de ser denunciado el delito.

Hoy día, cuando el internet permite que redes sociales y navegadores rastreen ubicaciones y contenidos según los recorridos efectuados y lugares visitados por cada aparato específico, es impensable que no se pueda detectar una terminal reportada como robada, esté donde esté, mediante el IMEI, siglas en inglés que se traducen como “identidad internacional de equipo móvil”. Por supuesto, es necesario que los mecanismos de denuncia cumplan con la cadena de notificaciones establecidas en la ley para inutilizar las piezas.

Las cifras reflejan el impacto de este delito: según la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), entre 2019 y 2022 se denunció el robo de más de medio millón de celulares. En 2019 fueron 153 mil y en 2020 el número decayó a 97 mil, obviamente por las restricciones de locomoción por la pandemia. En 2021 fueron robados 154 mil y 125 mil 738 en 2022. Eso significa que solo el año pasado furo sustraídos, en promedio, 354 diarios, equivalentes a unos 10 mil al mes. Inconcebible e inaceptable. Más aún si se contrasta con los datos de la Policía Nacional Civil, que en 2022 registró el robo de 661 celulares en todo el país y 206 recuperados. Este despojo ocurre en atascos de tránsito, atracos a buses, asaltos a peatones y últimamente se detectaron bandas de ladrones en conciertos al aire libre.

Los dispositivos robados son usualmente de alta gama, cuya reposición implican un gasto voluminoso, además de la pérdida de datos personales, contactos o fotografías, audios y videos. La continuidad y masividad de este azote no han conllevado mayor innovación operativa policial. En forma repetida son denunciadas áreas, horarios y modos de operar de los atracadores. Sin embargo, se siguen usando esquemas de la década de 1980, como los retenes, para combatir un mal literalmente móvil.

Existe otro factor, advertido por la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y que algunos consideran casi como una leyenda urbana pero es un mercado negro millonario: la venta ilegal de metales de la familia del platino, como rodio, paladio, osmio e iridio, además del cobre, los cuales pueden encontrarse en piezas de celulares inteligentes. En un solo teléfono hay unos cuantos miligramos, pero en masa representan un lucrativo y casi indetectable negocio. Por ejemplo, en 50 mil celulares pueden obtenerse unos 350 kilos de cobre, 400 gramos de paladio, 10 kilos de plata o un kilo de oro, aproximadamente, según el tipo de aparato y el fabricante. Tal trasiego puede llegar a ser indetectable, por lo que se necesita cortarlo desde su raíz: el robo.

La ciudadanía tiene un importante papel en romper este ciclo. Primero, tener guardado el número IMEI para inutilizar totalmente el mecanismo digital a pocas horas o días del robo. Quizá hace una década sonaba a tecnicismo altamente sofisticado, pero hoy es un trámite sencillo en los prestadores de servicio. Por otro lado, se necesita una revisión de las penas contra el robo de celulares o la posesión de aparatos sin verificación de origen o propiedad.