En Nicaragua y en Guatemala cada vez hay más similitudes. El canciller actual ha ido allí dos veces para afianzar “asuntos bilaterales”. La tiranía ortega-murillista no merece una muestra tácita de apoyo, ni una abstención a declaraciones críticas internacionales. ¿Coyotes de la misma loma? Las últimas acciones de dicha satrapía tropical son malignas: expulsar de su país a 222 opositores, muchos de ellos prisioneros, dejarlos sin nacionalidad, apátridas. Condenó a 26 años de cárcel al valiente obispo Rolando Álvarez, de Matagalpa, como castigo por haber rechazado la absurda oferta de la cárcel o el destierro. Las instituciones estatales nicas ya no tienen valor alguno, y en ese camino va Guatemala. Un ejemplo claro es el de la exfiscal Virginia Laparra.

El 23 de febrero se cumplió un año de la prisión, ahora preventiva, en el Mariscal Zavala, de la licenciada Laparra, acusada de filtrar información de un caso bajo reserva. Condenada a cuatro años de prisión, otro juzgado le conmutó la pena con arresto domiciliario, pero no pudo hacerlo porque el Ministerio Público de la “doctora en leyes” Consuelo Porras sospechosamente le abrió otro juicio y por eso continúa prisionera. Hay una evidente intención de castigar a la díscola y evitar a toda costa acciones similares de otros fiscales. En ese año su salud se ha deteriorado y sufre de anemia, necesitada de operación quirúrgica. No puede haber duda de los efectos psicológicos derivados de su convencimiento de no poder confiar en el remedo de sistema judicial de Guatemala.

De hecho, es un caso de tortura. Nadie la ha azotado o pateado, pero esta consiste en un grave dolor físico o psicológico, con métodos y utensilios diversos, como castigo o para obtener confesiones. Aumenta su gravedad si es cometida por un funcionario público. En este caso participan el Ministerio Público, el actual procurador de los Derechos Humanos –por omisión—, médicos del IGSS al agendar para mayo el procedimiento médico, sin especificar la fecha; el hospital San Juan de Dios y sus autoridades, por no haber emitido aún el informe necesario. A todo esto se une la inutilidad del actual Relator Contra la Tortura, Lesther Castellanos, personaje de color gris muy oscuro.

Casualmente, es el acusador de la licenciada Laparra. Acaba de ser nombrado jefe de la Comisión Nacional contra la Tortura. Parece premio… al ser entrevistado respecto del caso, la foto del reportaje lo mostraba con cara de satisfacción, si no de burla. Esta entidad, otro adorno de la burocracia gubernativa, recibió aumento en los fondos asignados para su funcionamiento. Por aparte, Amnistía Internacional solicitó una entrevista con la víctima, pero le fue negado el permiso. Los defensores han pedido arresto domiciliario por medio del Inacif, también sin éxito. Es el Estado manipulando sus instituciones en contra de una ciudadana indefensa. Huele al nefasto ortegamurillismo.

Nunca he visto a la licenciada Laparra. Este artículo no lo escribo por conocerla ni cualquier otro motivo, menos por asuntos de simpatías políticas o ideológicas. Quienes apoyan este caso de tortura no tienen la capacidad de darse cuenta de su riesgo de ser en el futuro víctimas de venganzas similares realizadas gracias a las presiones de quienes piensan distinto. Por ello la tortura es despreciable por cualquier motivo o por cualquier autor. La peor es la psicológica, cuyos afectos duran a veces toda la vida. La intención de venganza sobresale cuando un juez da arresto domiciliario y el MP lo impide. El juez israelí Barak dijo: “Cuando juzgamos, somos juzgados”. Y cuando juzgamos burlando la ley, seremos condenados hoy y también por la Historia.