El Tribunal Supremo Electoral, a pesar de tener encima las miradas de los ciudadanos conscientes y preocupados por el futuro del país, sigue adelante con sus decisiones y acciones imperdonables a causa de los efectos históricos negativos para Guatemala. Casi a diario hay motivo para afianzar la preocupación por las metas gubernativas —oscuras pero también fáciles de ver— respecto a las elecciones, para lograr el continuismo de un gobierno igual o peor al actual. Ayer, los magistrados intentaron justificar la contratación de la internacionalmente cuestionada empresa Datasys, descartada en Colombia y Honduras, pero contratada aquí por varias entidades estatales. A causa de otras acciones del gobierno, hay duda si será una orden de muy arriba.

Los magistrados se niegan a exponer varios asuntos importantes: las justificaciones técnicas de esa escogencia; por qué decidieron una empresa cuya tarifa es de Q148.4 millones, en vez de otra, cuyos precios alcanzaban 113 millones. A este respecto, vale la pena recordar el costo de dicha tarea la primera vez de ser contratada: Q2.5 millones, es decir 59 veces más. El TSE se ha negado a publicar los procesos de contratación pública, intentaron impedir el ingreso a la prensa a las reuniones con los fiscales de los partidos. Todo esto ha destrozado la transparencia, uno de los factores causantes del prestigio de esa entidad hasta hace unas cuatro elecciones, y la confianza de todos los ciudadanos en los resultados, al punto de no haber sido presentadas impugnaciones.

La preocupación ciudadana aumenta cuando se sabe qué hará Datasis: escanear, transmitir, grabar y publicar los resultados. Impresiona la cantidad de hábiles, astutos y perversos ardides, trampas, artimañas, engaños, burlas a la ley e inmoralidades de todo tipo emanadas del Ejecutivo, el Congreso, las cortes Suprema y de Constitucionalidad, además del TSE, todos capturados por personajes oscuros, con poquísimas excepciones. La meta es “ganar” unas elecciones no representativas del sentir popular, para mantenerse en el poder y continuar el saqueo y el robo descarado y abierto. Al ver hacia alrededor, son cientos las personas dispuestas a atropellar el futuro del país, y de hundirlo aún más a como se encuentra, sobre todo en el campo político y el social.

Será repetida la maquiavélica y exitosa fórmula: despertar de nuevo el voto en contra de alguien. En las elecciones del 2015 y las del 2019, el voto anti Sandra Torres provocó la llegada al poder de los dos peores presidentes de la historia: Morales y Giammattei, pero ahora ella es una valiosa aliada tácita y autorizada. Lo mismo sucederá en el caso de Zury Ríos, si lo aprueban a pesar de la prohibición legal. Es notoria también la cantidad de pronto exfuncionarios y sus allegados integrando las luchas por una curul, una alcaldía y cualquier puesto con inmunidad. Morales lo logró al colarse a media noche de la entrega del cargo al inútil Parlamento Centroamericano, gracias al apoyo de la presidenta de entonces, por pura casualidad hija de Sandra Torres.

Otros asuntos poco conocidos son la imposibilidad de los magistrados del TSE a renunciar a sus cargos cuando no estén de acuerdo, sufran alguna enfermedad o simplemente deseen salir. Me llama la atención la unanimidad de las decisiones tan burdas, porque ello puede implicar algún tipo de presiones de variados orígenes. El derecho a renunciar, si no está especificado, está libre de limitaciones al ser parte de los Derechos Humanos. Esto incluye y es válido para puestos políticos de alto nivel, como la presidencia, la permanencia en el Congreso o en alguna corte, sin importar si se ha llegado por elección o por nombramiento. Una posibilidad teórica, aunque muy difícil, es el derecho de un presidente de irse pocos días antes de terminar su período, si lo desea.