Burdas mentiras y total contradicción con cualquier postulado exhiben los partidos que ofrecen transparencia, inclusión y respeto a la democracia, cuando desde sus mismas planillas de candidatos a cargos de servicio público tienen nepotismos premezclados al sabor y antojo de los dueños o caciques de tales vehículos electoreros. Son caciques, que no líderes, porque si fuesen esto propiciarían la participación de todos los integrantes en la selección de los representantes idóneos, sobre todo aquellos provistos con mayor preparación académica o experiencia profesional. En lugar de ello demuestran que la principal finalidad de sus tribus políticas es colocar en las casillas preferentes de las papeletas a sus hijos, hermanos, primos, cónyuges, tíos, sobrinos, quienes no tienen mayor “mérito” que ese parentesco. Tal conducta excluyente, clientelar y avorazada constituye una aberración del sentido y finalidad real de la política.

Los partidos políticos se constituyen, en teoría, como organizaciones fundamentadas en idearios para actuar como intermediarios entre la ciudadanía y el Estado, a fin de procurar la solución de los desafíos de diversas áreas del desarrollo. Sin embargo, muchos de ellos se convierten más bien en simples carrozas de apostadores debido a laxas normativas, a la infiltración de dinero sucio y al presumible afán de enriquecimiento ilícito para seguir dirigiendo una alcaldía o una diputación mediante la designación a dedo de familiares como candidatos.

La ciudadanía no debería pasar por alto esta conducta aviesa y aprovechada. El solo hecho de detectar secuencias de parentesco en planillas de candidatos de un mismo partido debe encender las alarmas sobre la auténtica finalidad del intento de lograr posiciones que deberían ser para otros liderazgos dentro de sus agrupaciones.

El problema es grave y epidémico: al menos en 15 de los 22 departamentos de Guatemala se pueden detectar las inscripciones de al menos 32 clanes: grupos que han decidido tener varios cartones de lotería para obtener acceso a recursos públicos, a inmunidad y a la posibilidad de manejar contratos a dedo, para favorecer a otros familiares que no son candidatos pero quedan a cargo de empresas contratistas o proveedoras del Estado. Las planillas de familiares quizá son “legales”, pero ello no les quita lo inmoral. Son intentonas ventajosas, fraudulentas y oportunistas, cuyo pecado original no es en sí el parentesco, sino los conflictos de interés que genera. Por ejemplo, si a un diputado familiar de un alcalde le toca votar en un antejuicio por corrupción, ¿qué criterio priorizará?

Igual se debe analizar a candidatos con parentesco consanguíneo o político con convictos por narcotráfico, lavado de activos, corrupción u otros delitos de impacto público. Existe un concepto relacionado con que la responsabilidad penal es personalísima y no debe juzgarse a un individuo por las culpas de un familiar. Sin embargo, en la política sí es clave tal variable y la razón es simple: Se trata de cargos que utilizarán el erario, cuya gestión impactará a toda la población y que podrían tener potestades sobre políticas de seguridad, elección de funcionarios del sector justicia y emisión de leyes para el combate de irregularidades.

El conflicto de interés generado por el tosco nepotismo partidario es demasiado grande, en extremo peligroso y potencialmente lesivo para la democracia, y que debe ser rechazado a través del instrumento más poderoso que el ciudadano tiene a la mano: su voto en las urnas.