Más que globitos distorsionadores, el nuevo intento de colocar la reforma constitucional en el tapete atiende a probar qué dicen y cómo se mueven las élites. Cuando esos actores salen presurosos a relativizar la propuesta y no se oponen, como anteriormente, el asunto se vuelve peligroso. La continuidad es un canto de sirenas que no disgusta del todo, si de esa forma se garantizan negocios, se da continuidad a alianzas, se revitalizan nichos de impunidad, se encima a los descontentos.

Los movimientos del entorno son, al mismo tiempo, provocaciones y pruebas del tipo de dinámicas que están moviendo los entretelones de la política oportunista. Un cuestionable préstamo que se aprueba a la rápida donde además los naranjas aprovechan para probar el combustible con el que funcionan sus aliados legislativos; una vitaminada propuesta de creación de nuevo impuesto para financiar las políticas de seguridad que esconde una negociación a tres bandas: recursos frescos para estirar un hule que no da para más, reanimar negocios que han quedado en el aire y fortalecer el posicionamiento del ministro Bonilla. Se apuntala por un lado y se contrae por el otro.

Esto se constata con el desalojo de La Puya a pocos días de la toma de posesión de la nueva fiscal general interesada en avanzar cierto tipo de agenda para despejar caminos y facilitar las condiciones para operar con desparpajo. Un tipo de democracia alicaída, permanente en cuestionamiento y amenazado desde varios ángulos, requiere refuncionalizarse; es decir, modificar y recolocar las piezas de recambio, aceitar los engranajes, mover alguno de los operarios.

El tablero de control se mueve con sumo cuidado. Las tramas cobran nueva vigencia. Alinear a los electores que intervendrán en la elección de los magistrados de cortes, conseguir la mejor correlación para la elección del contralor de cuentas y de los magistrados de la CC, así como aumentar los mecanismos de control contra los detractores, son algunas de las estrategias activas.

Mientras avanzan las reformas del Estado en Latinoamérica como procesos inducidos, producto de amplias demandas sociales, satisfacer crecientes necesidades y la incorporación de nuevos actores; lo nuestro es más precario: supervivencia, incorporación de nuevos intereses y respuestas a actores que presionan hasta que el sistema se tense el máximo.