Detrás de cada propuesta, en cada cifra incluida en los sendos volúmenes de números y métricas del Presupuesto General de la Nación —hasta el día de hoy, todavía sujeto a “estudio y análisis” de parte de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República— se esconde, agazapada y al acecho, esa palabra incómoda, hiriente, lacerante, políticamente incorrecta y molesta para todos: corrupción.

Tratan de doblar la página. Hacen tachones de todo tipo para no tener que encararla, pero continúa ahí, prendida como garrapata, tratando de seguir chupando la sangre y la savia de ese armatoste obsoleto, ineficiente y corrupto llamado “gasto público”. Porque el aparato gubernamental es culpable de robar descaradamente el 25% del total del Presupuesto General de la Nación vía las ejecuciones de cada ministerio, afectando directamente a los más necesitados.

Por cada medicina robada y no entregada a los enfermos. Cada trinquete bajo la mesa aumenta el valor de un producto. Cada 20% cobrado para “otorgar” los contratos y otro 20% para pagar lo que deben, son recursos que aumentan los costos y pintan de colores tragicómicos la sola mención de hacerle cambios a la carga fiscal. Y entonces, la palabrita “esa” sale a relucir nuevamente haciendo que la discusión de bajar o subir el Presupuesto suene tan impertinente e inoportuna como el estruendo de un petardo estallando en misa solemne.

Persecución implacable, inclaudicable contra la corrupción, contra ladrones y corruptos es un coro largamente cantado que ya no tiene dientes. Y sin embargo, es única vía para transparentar la opacidad del gasto público. Hay contratos, pactos colectivos y compromisos que deben declararse lesivos para el Estado. Deben asignarse los recursos atendiendo criterios de prioridad en el gasto. ¿Qué viene primero? ¿Pactos colectivos? ¿O medicinas y gastos de operación del sistema hospitalario?

Aun cuando no se pueda eliminar el problema sistémico del clientelismo y la corruptela en todas las esferas del gasto público, es factible iniciar el proceso de “rehab” del gasto, con una metodología de “poco a poco”.

Por ejemplo, la mayoría de los servicios deben subcontratarse con terceros. No son pocos los expertos que señalan la necesidad de frenar la corrupción y los incentivos perversos por la vía de la subcontratación de productos y servicios. El trámite de licencias funciona eficientemente porque es outsourcing. El Intecap y el Irtra funcionan porque son autónomos.

¿Mejoraría la alimentación de los hospitales, el mantenimiento de carreteras, el mantenimiento del parque vehicular estatal si lo efectuase un ente externo? Por supuesto, y a una fracción del costo. ¿Mejoraría el funcionamiento del aeropuerto internacional si fuese concesionado a un tercero? Por supuesto.

¿Qué pasaría si todas las radiopatrullas de la Policía Nacional Civil se adquirieran bajo un sistema de leasing con servicio de mantenimiento incluido? ¿Se ahorraría? ¿Sería más eficiente? Por supuesto. ¿Qué pasaría si todas las obras públicas fuesen auditadas por un ente internacional competente para verificar calidad, costo y tiempos? Se ahorraría cientos de millones. La infraestructura pública sería de primera y el país ganaría. Nada que haga el Estado actualmente tiene credibilidad. Todo está cuestionado.

El mercado y la competencia son los principales motores del progreso y la innovación. Y el actual sistema corrupto e ineficiente debilita la capacidad de las empresas y los individuos para competir en igualdad de condiciones, lo que socava los cimientos mismos de una economía libre y abierta.

Testículos y ovarios es lo que hace falta…