Una de las estrategias políticas más antiguas en las elecciones consiste en atacar a los aspirantes con la imagen o la realidad de tener fuerza y por tanto tratar de desprestigiarlos. En los años actuales, pero especialmente en la elección de este 2023, la brillante idea es lanzar acusaciones aunque demuestren una químicamente pura ignorancia de derechos constitucionales, empleadas por personajes también sin la menor idea de casi el ABC de la ley constitucional de emisión del pensamiento por la cual se puede criticar sin temor a represalias acciones de funcionarios públicos, y agregarle ayer otros dos cargos derivados de las lagunas del término “campaña anticipada”.

Este asunto viene al caso porque dos oscuros personajes, Rafael Curruchiche y Jimi Bremer, cuyas acciones obligan a considerarlos marionetas del jefe de su jefa, rechazan la crítica de un candidato presidencial ya autorizado pero sin ser funcionario público, sino solo aspirante con posibilidad de ganar o de perder. Parece como si el obligado cambio respecto a Baldizón fuera una primera forma de eliminar candidatos y por ello repetirlo en otros casos. Esto es ajeno a la simpatía o antipatía despertada por su aspiración, y a las críticas gracias a este mismo derecho ciudadano al presente, al pasado, al currículum o preparación. Se está comprobando la enésima torpeza de un gobierno convencido de imponer su voluntad al contar con títeres dentro de los poderes del Estado.

Es claro: son otros los aspirantes preferidos, incluyendo mujeres tristemente dispuestas a obedecer órdenes o a hacer uso de todas las trabas pseudolegales posibles. En ese caso, el silencio del resto de candidatos adicionales, miopes ante los riesgos de ser eliminados también, encaja con la broma de mal gusto y sin gracia de pedir el veredicto de acción de la Corte Suprema de Justicia encabezada por una ex secretaria privada de quien ahora se encuentra empecinado por mantener tal vez no tanto la “guayaba”, sino una impunidad similar a la otorgada a Jimmy Morales por una hija de Sandra Torres, virtual presidenta del país y madre soltera —según sus propias palabras—, cuando era presidenta del Parlamento Centroamericano, nacido con agua de un manantial, pero hoy convertido en charco del cual Guatemala debería haberse salido desde hace mucho tiempo.

El asunto tiene otras largas colas como siempre ocurre con todo lo planificado por este gobierno. Al eliminar de la contienda a un aspirante autorizado, mejor ni pensemos qué ocurrirá con quien con ciega locura, como dice el himno, se atreva a cuestionar el robo mondo y lirondo, nepotismo, amiguismo, mal uso de dineros del Estado y buen uso de fondos de dudosa, más bien muy clara mala reputación escondida en güisachadas de cualquier aspirante. Es la dictadura avanzando a pasos agigantados, con una pasmosa similitud a la satrapía de Nicaragua, por cierto, país al cual el pío canciller ha viajado en ocasiones sin tomarse la molestia de explicar sus periplos, convencido de la falta de tecnología de comunicación disponible para los ciudadanos.

A causa de estos ejemplos de estulticia elevada a la enésima potencia, el aspirante Edmond Mulet, lejos de verse afectado, se beneficiará, incluso entre quienes piensan en otras opciones para las elecciones dentro de 96 días. Sin embargo, el camino todavía va hacia arriba y un paso a la segunda vuelta dependerá de la calidad humana, experiencia, currículum político de quienes estén a su lado e integren las candidaturas al Congreso y a las alcaldías. Sin embargo, esto se encuentra lejano. En este momento, su posición se afianzó, porque otro factor político es la reacción positiva de votantes no decididos, pero a quienes les desagrada cuando alguien es convertido en víctima de los poderosos.