Tardío, insostenible y sospechoso es el afán oficialista de redirigir Q340 millones no utilizados de los fondos para la atención del covid-19 a proyectos de asistencia económica para adultos mayores. Las propias discontinuidades programáticas y propaganda del gobierno de Giammattei Falla apuntan a un uso clientelar y opaco de recursos públicos, a tres meses de los comicios y a 296 del final del actual período, como una maniobra electorera con máscara de ayuda social.

Nadie niega la dignidad y el aporte pretérito de los adultos mayores. Se esforzaron en sus años de fortaleza en distintos oficios y labores. En efecto, merecen mejor atención de la sociedad y del Estado en materia de salud y auxilio póstumo en la medida de las posibilidades económicas del erario y a través de programas sistemáticos, no antojadizos. El actual oficialismo no es el primero en intentar este tácito trueque, por no decir chantaje. Lo intentaron la UNE, el PP y, sobre todo, el nefasto partido Líder, ya extinto, a través de programas promocionados por el exdiputado, excandidato y exconvicto Manuel Baldizón, pero no financiados por él, sino por los contribuyentes.

No es la primera vez que el Congreso encabezado por Shirley Rivera plantea un millonario traslado de fondos. El año pasado lo hizo, con la ampliación de Q3 mil 191 millones destinados a carreteras, la mayoría para bacheo y reparación, no para obra nueva, efectuada por la alianza oficialista del Congreso. Los resultados de tal inversión son dudosos, pues en varias regiones del país continúa el deterioro de rutas. Si hay Q340 millones remanentes del covid, se deberían analizar inversiones de beneficio común y no solo para un sector de la población.

Con Q350 millones se podría optimizar una buena apuesta de futuro al contratar, a costos competitivos y no adjudicaciones a dedo a empresas de diputados, la fabricación de pupitres para planteles de preprimaria, primaria y secundaria. Con Q340 millones se podría crear un fondo de inversión para impulsar emprendimientos comunitarios agrícolas, artesanales, culturales o ecoturísticos, a fin de crear oportunidades reales de empleo y mejora económica para las regiones más golpeadas por la inseguridad alimentaria. Con Q350 millones se podría fortalecer el rescate alimentario, médico y educativo en los ocho departamentos con mayores índices de desnutrición aguda y crónica.

No se puede hacer todo a la vez, pero sí podría emprenderse alguna de estas opciones, que no darían resultado inmediato pero podrían ser más visionarias y trascendentales. Eso sí, no serían propagandísticamente sonoras, como se intenta al querer cautivar a más adultos mayores guatemaltecos mediante oficiosos enrolamientos por medio de alcaldes y diputados que también pretenderían ganar réditos politiqueros y cortoplacistas con dinero público.

Son ya bastantes los más de Q1 mil 500 millones que el Ejecutivo ha dedicado en tres años al Programa del Adulto Mayor, mientras se le ha restado a la lucha contra la desnutrición, que atiende a un sector que abarca el bono demográfico y la futura población económicamente activa. Además, se trata de un beneficio cuya mecánica es poco clara y el impacto real no es medido de manera técnica e independiente. Por cualquier ángulo que se analice, este traslado millonario de recursos públicos suena y parece una treta electorera para parchar tantos incumplimientos.