De lo no recaudado, Q500.7 millones se refieren al impuesto al valor agregado (IVA) y Q195.6 millones al impuesto sobre la renta (ISR), según un estudio de la firma consultora CA-BI) citado por Romero, en el cual miden la brecha anual de recaudación por la internación ilegal de productos al país.
Se agrega que en el año 2019, la defraudación del IVA estuvo en alrededor de Q843 millones; en el 2020 subió a Q1 mil millones; en el 2021 bajó a Q776 millones; y en el 2022 se cerró con los Q500 millones mencionados, a lo que se suma la cifra correspondiente al ISR, para un total de Q700 millones.
Respecto al comportamiento anual indicó que “encontramos una lógica en que haya disminuido el comercio ilegal en los últimos tres años por las actividades de control que tiene el ente recaudador”, que incluye medidas como la obligación de emitir Factura Electrónica en Línea (FEL).
De esa cuenta, considera que ese control continuará y mejorará, especialmente con la generalización de la FEL en los próximos días, aparte de que ya no se permite facturar como consumidor final las ventas mayores de Q2 mil 500.
Estas medidas “tendrán un impacto en el indicador de la defraudación, ya que hay mayor declaración en FEL y eso hace que tenga sentido la reducción del comercio ilegal en alrededor de 37%”, añadió.
Dimensiones del delito
Según la estimación mencionada por el ejecutivo, para el 2022 las dimensiones del comercio ilegal en Guatemala reflejan un valor de lo contrabandeado (basado en el dato del IVA) de Q14 mil millones, que representan el 2.3% del producto interno bruto (PIB) y refleja un 0.6% del valor agregado perdido en la productividad del país.
Por aparte indicó que obtuvieron los datos del impacto económico del contrabando en diferentes actividades con estimaciones realizada por cada sector, llegando a la conclusión de que el contrabando llega a ocupar el 30% del mercado guatemalteco.
Según esa recopilación, entre los sectores industriales más afectados están el avícola con 20%; alimentos y bebidas, 40%; medicamentos, 22%; bebidas alcohólicas, 23%; tabaco, 30%; sector granelero, 35%; y cementos, 15%.
Se han dado casos como en el maíz, que cuando los productores terminan su producto, se van a México a traer más y lo ingresan de contrabando. Y mencionó un caso que se dio hace tiempo, cuando hubo un operativo de las autoridades, pero los vendedores amenazaron con subirle el precio al producto, por lo que se dio marcha atrás y ya no hubo ninguna incautación.
En el caso de los cigarrillos, el cálculo se realiza con base en un estudio a nivel nacional, que incluye la revisión de basureros para detectar cajetillas de cigarros y obtener datos sobre el consumo.
El caso de la minería ilegal
En relación con el tema, la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) está impulsando acciones para combatir la minería ilegal en el país y pide la participación y acompañamiento de las diferentes entidades de gobierno.
Aunque se señala que no existen datos del impacto que significa la minería ilegal en la economía del país, en el medio ambiente y en las condiciones laborales, aparte de los perjuicios a la minería que sí opera en forma legal.
Para ello, durante un foro efectuado el viernes 24 de marzo denominado “Minería ilegal y contrabando, repercusiones en la industria y cómo hacerle frente”, el sector privado solicitó que se establezca una mesa interinstitucional en donde puedan participar las empresas y entidades estatales como el Ministerio Público (MP), los ministerios de Gobernación, de Energía, de Ambiente y otras entidades con el fin de que se coordinen acciones y se dé acompañamiento.
Los representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del MP, en el foro en mención, indicaron que no poseen datos consolidados de casos de minería ilegal y el impacto que esa actividad ilegal representa en el país.
Gustavo Oroxom, Auxiliar Fiscal del MP, expuso que se trabaja regionalmente, por lo que no hay datos consolidados, pero se atienden diversas denuncias.
Por el MEM participó Álvaro Morales, director general de minería quien mencionó que se mantiene comunicación entre entidades para atender algunos casos, pero también ven la necesidad de organizarse para trabajar de forma más coordinada porque hay bastantes requerimientos del MP y de los juzgados.
El funcionario respondió que ya existe una instancia de coordinación con otros entes, pero que se tendría que analizar jurídicamente si puede integrarse el sector privado.
Alfredo Gálvez, director de Junta Directiva de la Grenat, indicó de la importancia de la minería para otros sectores ya que el 70% de la producción se destina para la construcción.
En el 2022, el MEM inspeccionó 87 explotaciones mineras ilegales, según datos de Grenat. En el anuario de minería del MEM, de hace dos años, se refiere que en el 2018 se inspeccionaron 63; en 2019 fueron 104; en 2020, 91 y en el 2021, 83. No se ha divulgado el informe del año pasado.
Sin embargo, usuarios creen que no solo se trata de perseguir a los que trabajan ilegalmente, sino que se debe analizar las razones por las que no se inscriben, tales como la tramitología engorrosa, largo tiempo de espera que obtener una licencia y otros.
Morales reconoció que necesitan salir de forma más ágil de la mora administrativa que tienen para las licencias, además de que se trabaja en agilizar los tiempos, para que trámites que tardan 2 años puedan reducirse a 3 o 4 meses.
Romero comentó que el dato de Cabi sobre la estimación de contrabando incluye el comercio ilegal de minería e industria extractiva, pero indicó que no posee el detalle del monto, tampoco el sector tiene un estimado de ese impacto.
Respecto a incautaciones de productos de contrabando en el 2019 se reportaron Q104 millones, de los cuales Q77 millones fueron por la incautación de jade, y Q26 millones de otros productos.
En años posteriores ya no se reportan incautaciones de productos mineros, sino solo de contrabando en general, con Q21 millones en el 2020; Q40 millones e el 2021 y Q60 millones en el 2022, añadió Romero. Además el otro problema es que la SAT y entidades estatales tampoco vigilan lo que sale o se vende al exterior derivado de la minería ilegal.
La Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof) forma parte de la Cámara de Industria de Guatemala. (CIG).
