“En El Salvador hemos encarcelado a más de 65.000 personas, y cuando manejas una operación de estas dimensiones podría haber un error y que haya algunos detenidos sin ningún vínculo con las pandillas”

Se jacta de estar ganando la guerra contra las pandillas “sin derramamiento de sangre” y niega que las fuerzas del orden estén deteniendo a ciudadanos solo por tener tatuajes o por una llamada anónima.

Aunque reconoce que, con una operación de esas dimensiones en marcha y cuando los encarcelados en un año superan los 65.000, es posible que se haya cometido algún error y arrestado a algunas personas sin vínculos con la Mara Salvatrucha o el Barrio 18.

“Pero lo perfecto es el enemigo de lo bueno”, insiste.

Esta es la entrevista que le ofreció en exclusiva a BBC Mundo cuando el régimen de excepción cumple un año, y en la que también aborda las acusaciones —”poco serias”— de que dos funcionarios de alto rango del gobierno negociaron con las pandillas.

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El estado de excepción en El Salvador ya cumplió un año. Pero como su nombre indica, se supone que iba a ser excepcional, temporal. ¿Cuánto tiempo deben esperar los salvadoreños que dure esta situación en la que se le otorgan poderes especiales a la Policía?

Como dices, de excepción significa que es temporal.

De acuerdo a nuestra Constitución, se puede dictar un régimen de excepción por 30 días. Pero si las condiciones continúan, la Asamblea tiene el derecho de extenderlo por otro periodo exactamente igual.

Hasta este momento lo hemos extendido hasta un año, y si la condición que lo generó sigue, el estado de excepción continuará. No se puede establecer una fecha límite, dependerá de las condiciones en el terreno.

Suena a que su fin sigue totalmente abierto: podría durar otra semana, un año más, otros cinco años…

En los 80 en El Salvador vivimos bajo un estado de excepción por más de seis años, porque estábamos en una guerra civil. Y el gobierno lo fue extendiendo cada mes hasta que firmamos los Acuerdos de Paz.

Ahora llevamos un año y si las condiciones siguen, lo extenderemos.

Mis expectativas son que antes o después ganaremos esta guerra contra las pandillas y que ya no lo necesitaremos, que volveremos a la normalidad.

Pero hay algo que hay que aclarar aquí: el estado de excepción no implica la restricción de las libertades públicas. No está restringido el derecho a la libre circulación, a la libertad de expresión ni nada por el estilo.

Solo hay dos garantías que han sido suspendidas, y son garantías personales de quien ha sido procesado.

De acuerdo a nuestra Constitución, una vez que has sido capturado tienes el derecho de ser enviado ante un juez en un plazo de tres días, en 72 horas. Bajo el estado de excepción tenemos el derecho de tener a esa persona en detención preventiva por 15 días. Esa es una de las garantías que han sido suspendidas.

Y la segunda es el derecho a la privacidad. Es decir, que ni la Policía ni ninguna autoridad tiene el derecho a intervenir tus comunicaciones o dispositivos personales como el teléfono o la computadora. Pero bajo el estado de excepción esta garantía está suspendida, porque la Policía, el juez y el representante del fiscal general necesitan revisar las computadoras de los miembros de las pandillas.

Estas son las dos únicas garantías constitucionales que están siendo afectadas, y tengo que aclararlo porque en Europa, en Estados Unidos, la percepción sobre el estado de excepción es que El Salvador vive bajo una especie de toque de queda.

Una vez, en un país europeo, me dijeron que estaban preocupados por el confinamiento de la población salvadoreña, porque, decían, a partir de las diez de la noche nadie podía circular por las calles. Esa es una percepción errónea del estado de excepción.

Lo hace sonar muy inocente, ligero. Pero la verdad del asunto es que otorga poderes extremadamente draconianos a la Policía, que puede arrestarte casi por una llamada anónima, casi por llevar tatuajes, casi por sospechar que estás vinculado a la actividad ilícita de las pandillas

Esa es otra percepción errónea de lo que está pasando aquí. Lo que has dicho no es verdad.

La policía no ha acudido a las comunidades a capturar a la gente porque tiene tatuajes o porque ha habido una llamada anónima. Esa es una mentira que ha sido difundida por la oposición política en El Salvador y que los medios y otra gente en el extranjero han dado por sentada.

La verdad es que cuando la policía acude a capturar a una persona en una comunidad es porque tiene el perfil.

Te voy a poner un ejemplo: cuando establecimos aquel cerco en el mayor municipio de El Salvador, en Soyapango, desplegamos 10.000 miembros de la Policía y el Ejército. Tenían una lista de 1.231 personas que debían ser capturadas y casi lo consiguieron. Fueron a capturar a gente que tenía un historial. Hay una base de datos, así que cuando se va a capturar a una persona es porque se tiene el perfil.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y muchos otros, incluidas los familiares de muchos de los que han sido arrestados, dicen que hay miles de detenidos sin ningún vínculo con las pandillas en la cárcel

Podría ser. Cuando manejas una operación de estas dimensiones —y hasta ahora hemos encarcelado a más de 65.000 personas—, podría haber un error y que haya gente detenida sin tener ningún vínculo con las pandillas.

Está reconociendo que puede haber miles de personas potencialmente inocentes detenidas

Miles de personas han sido liberadas.

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos declaró que más de 3.000 personas han sido liberadas porque, tras revisarlo siguiendo el debido proceso legal en los tribunales, se ha probado que no han tenido vínculo alguno con las pandillas.

¿Cuántos cree que siguen adentro?

No puedo hacer conjeturas en ese sentido porque es un asunto delicado y está en manos de los jueces.

Como miembro del poder Ejecutivo, no puedo interferir en el trabajo del Judicial. En una democracia, en un Estado de derecho, la separación de poderes es clave.

Así que no puedo hacer ningún juicio ni declaración sobre el trabajo que los jueces han estado haciendo en los tribunales respetando el debido proceso legal.

¿Qué le diría como representante del gobierno a aquellos que pasaron meses en prisión, en condiciones horrendas, y que no estaban de hecho vinculados a la criminalidad de las pandillas? ¿Hay alguna compensación o es simplemente un ‘lo sentimos’?

Bueno, es algo que heredamos. El sistema judicial de El Salvador funciona de esa manera.

Ha habido quienes han pasado más años en la cárcel que la pena a la que serían condenados de ser hallados culpables. Esa es la historia de nuestro sistema legal.

Tenemos un sistema penitenciario sobrepoblado, y lo que hemos estado haciendo para mejorar y acelerar lo más posible la administración de justicia y los procesos es contratar a más personal judicial en los tribunales, más defensores públicos y más representantes para la Fiscalía General de la República.

Ha sido un gran esfuerzo, porque somos conscientes de que, como has dicho, algunas personas, probablemente inocentes, puede haber sido parte (de las detenciones).

Como se dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y lo que estamos haciendo es algo realmente bueno, y la población lo aprecia. Más del 90% está de acuerdo con el estado de excepción y quieren que se extienda.

Esos grupos de derechos humanos, que son activistas y no saben exactamente qué está ocurriendo en nuestro país, son los únicos que se están quejando sobre ello. Y la oposición política en El Salvador.

Se quejan por ejemplo de las condiciones humanas de los convictos, pero pregúntales cuántas veces han ido a visitar las instalaciones del sistema penitenciario. Ni una sola.

Tenemos un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ellos supervisan a diario el trabajo en las instalaciones para verificar las condiciones de los presos. Verifican las condiciones de salud, cómo los alimentamos, las condiciones generales de vida en el interior (de las prisiones).

Si quieres un reporte objetivo e independiente sobre las condiciones de los presos, ve y consulta al Comité Internacional de la Cruz Roja.

No creo que nadie pueda sugerir que el sistema penitenciario en El Salvador o en ninguna otra parte de Centroamérica es otra cosa que horrendo. He estado en prisiones de El Salvador y en la región, y están sobrepoblados, son peligrosos, las infraestructuras se están desmoronando… De ninguna manera puede decir que quienes están en ellas están en condiciones humanas

Por eso hemos creado la mayor instalación para albergar a esos presos. Porque, como dije, incluso la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el sistema de prisiones de El Salvador por su sobrepoblación.

Eso no ocurrió en esta administración. Heredamos esa situación y estamos tratando de mejorarla.

Así, construimos en tiempo récord el mayor centro para presos que fueron condenados y deben cumplir penas por los crímenes cometidos.

Suena como si el gobierno de El Salvador dijera que el fin justifica los medios

No, eso podría ser algo que creen en la teoría de la conspiración.

Para nosotros no es que el fin justifique los medios. Declaramos la guerra contra las pandillas no solo porque era el derecho del Estado o del gobierno defender los derechos humanos de la población general, sino también porque es su deber y su responsabilidad hacerlo.

Y lo hicimos por la situación que heredamos de los dos últimos gobiernos, gobiernos del FMLN.

De 2009 a 2019, en 10 años, hubo 41.000 asesinatos. Esa cifra le da una idea de cómo estaba sufriendo nuestro país. 41.000 familias fueron afectadas porque les asesinaron un miembro, y no estoy contando los desaparecidos, los que fueron secuestrados, todas las niñas que fueron tomadas como esclavas sexuales para los jefes de las pandillas.

Esa era la situación. ¿Cómo lidias con eso? ¿Con guantes de seda, hablando con ellos? No. Tienes que usar el poder del gobierno, la fuerza, y crear el marco legal que te permita llevar a cabo esa guerra. Porque existen leyes para la guerra.

Quizá te son familiares los cuatro Convenios de Ginebra que regulan los conflictos internacionales. Tienen un artículo, el tercero, común a los cuatro, que se refiere a los conflictos internos. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Porque estamos en guerra. Y usamos el jus ad bellum, el derecho a declarar la guerra para proteger a tu población.

Tratamos de seguir todos estos principios del derecho internacional humanitario, adaptando a nuestro marco legal, empezando por la Constitución y el Código Penal, el Código Penal procesal, todas las disposiciones necesarias para cerrar todos los vacíos legales y evitar que los pandilleros y los malos los usen para escapar de la ley. Es un plan integral.

No es que el fin justifique los medios. Eso simplifica, trivializa un proyecto complejo para recuperar la paz y la armonía en las comunidades y liberar a nuestra población de las pandillas y de todo el sufrimiento al que han estado expuestas durante décadas.

Está usando el lenguaje de la guerra, de los conflictos armados. Pero lo cierto es que son muchos los factores que hicieron que muchos jóvenes abrazaran la vida de las pandillas: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades… ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en esos frentes, si es que está haciendo algo?

Estamos totalmente de acuerdo con tu enfoque y hemos identificado la raíz y las causas de esta situación: la pobreza, la exclusión y la marginalización de la juventud durante años.

No es nuestra culpa, la situación la heredamos. Viene de la era de la posguerra.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, el partido de derecha Arena gobernó durante 20 años, y el llamado partido de izquierda FMLN durante 10. Fueron esos 30 años los que crearon estas condiciones y ahora nosotros estamos lidiando con esos efectos.

Es como si hubiera un incendio y preguntaras: ¿a qué se debió el fuego? A un cortocircuito del sistema eléctrico. Bien, tenemos que repararlo, pero antes debemos apagar las llamas.

Así que estamos lidiando con eso y, de forma paralela, estamos preparando la nueva sociedad, tratando de evitar que se pueda repetir la situación.

Tenemos un plan para evitar que los jóvenes y los niños ingresen a las pandillas y un programa que cubre a 900 mujeres que son esposas o parejas de alguien que está ahora en la cárcel y tienen hijos, patrocinado por USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y otras agencias de Naciones Unidas.

Y creamos los CUBO, los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, en las áreas más vulnerables que estaban bajo el control de las pandillas.

Luego hay una explicación más estructural, que tiene que ver con la concepción de la economía y de la sociedad, con diseñar la manera en la que ves tu país.

Tras la guerra civil, durante sus gobiernos de derecha, Arena abandonó la industria agrícola. Muchas de las fábricas, toda la producción, las plantaciones de café se vinieron abajo. Y esa gente (que trabajaba en esa industria) se vino a las ciudades o se fue a Estados Unidos.

Fue una de las mayores olas de migración forzada, porque no había nada que hacer en esas áreas rurales, la juventud no tenía oportunidades ni para trabajar ni para estudiar. Ese fue el modelo que crearon.

Ahora nosotros estamos implementando un gran plan de recuperación de la industria agrícola, con un fondo fiduciario de US$12.000 millones para recuperar todas las plantaciones de café y crear trabajos en el área.

Nuestra visión y objetivo es crear oportunidades en las áreas rurales, recuperar nuestra industria agrícola y que la gente se quede, que no necesite emigrar a EE.UU.

Así que estamos lidiando con la migración forzada, con la pobreza en las comunidades y con la violencia, porque estamos capturando a todos los pandilleros que estaban en las áreas rurales.

¿Qué herramientas ofrece el Estado salvadoreño a quien ha sido injustamente detenido para que pueda salir de esa situación? Varias organizaciones de derechos humanos, periodistas e incluso familiares que han hablado con nosotros aseguran que hay mucha gente que no tiene forma de hacerse oír, que está kafkianamente atrapada en prisión y no debería estar ahí

Entiendo a los familiares de los detenidos, porque probablemente hay dos razones por las que claman lo que claman.

La primera, la más factible, es que no sabían lo que los chicos estaban haciendo; normalmente la familia es la última en enterarse de lo que los muchachos hacen fuera de la casa. Y la segunda, porque son conscientes de que los muchachos o familiares son pandilleros pero quieren que los dejen libres.

Ha habido madres, esposas o hijas que han venido y han dicho: “Mi padre, mi hijo, mi marido fue obligado a formar parte de la pandilla. Sí, era pandillero, pero fue obligado a ello y merece una segunda oportunidad”.

Eso es algo a lo que llegaremos luego, pero ahora está acusado y tiene una causa legal por la que fue capturado y apresado, porque ha habido algunas enmiendas al marco legal en el Código Penal procesal. Los jueces han recibido instrumentos para aplicar esta nueva legislación.

Más de 3.000 personas han sido liberadas una vez se ha probado que no pertenecen a las pandillas.

¿Y cómo se prueba? Necesitan una lista de documentos.

Primero, deben acudir a la Policía Nacional Civil (PNC) por un documento que demuestre que no tienen ningún antecedente policial.

Segundo, tienen que trabajar en un historial que muestre cómo viven en sus comunidades, testigos.

Esto lo manejan sus abogados. Tienen a un abogado que los represente, pero una vez estén en manos de los jueces, después de esos 15 días (de detención preventiva).

Pero hay gente que asegura que no ha podido ver a su familia en todo el año que lleva en vigor el estado de excepción, que no les han podido explicar lo que deben hacer para poder salir, que simplemente los han metido ahí y dejado que se pudran

¿Quién hizo eso? ¿Quién les prohibió ver a sus familias? No lo sabes. Yo tampoco. Entonces, ¿es verdad o no?

No deberías dejarte impresionar por una cara de encogimiento, por alguien que viene a ti y se queja. No lo des por sentado y verifica.

¿Por qué no vas y hablas con el director del sistema penitenciario, le dices que tienes un caso, que una madre vino y te contó que su hijo está en prisión desde tal día y que no ha podido verlo en seis meses, y le preguntas qué es lo que pasa?

Entonces, ¿cree que esos casos son o muy muy escasos o que las familias simplemente no están diciendo la verdad?

Podrían ser ambos. Podría haber unos pocos casos, no lo dudo. Pero cuando hemos sido consciente de alguna situación, hemos tratado de corregirla.

Somos conscientes de que ha habido abusos por parte de las fuerzas del orden, policías o militares, que han excedido los protocolos, porque hay un protocolo para las capturas. Y hemos abierto una oficina para recibir quejas de casos y al menos 14 miembros de las fuerzas del orden han sido procesados por errores o violaciones de derechos humanos.

Eso es algo que puede ocurrir, pero no es lo mismo una actitud personal que una política del gobierno. Y esa, definitivamente, no es una política del gobierno.

Al contrario, el presidente y el gabinete de seguridad han aprobado un protocolo de cómo proceder ante la notificación de que en cierta área vive un pandillero o hay una estructura de la pandilla.

¿Está muy orgulloso de esta política?

Parece que estamos haciendo un buen trabajo, porque los proveímos con las condiciones para hacerlo. Y eso es algo que nadie recuerda, que nadie remarca: cómo recibimos a la Policía.

Era una corporación sin los medios suficientes para lidiar con la violencia. Eran policías con tres balas en sus pistolas, con carros que no arrancaban, sin chalecos antibalas, sin sistema de comunicación. Tuvimos que compensar los salarios, porque estaban mal pagados.

Esas condiciones desalentaban el combate de la criminalidad.

Ahora sienten que tienen los recursos, están bien equipados, cuentan con radio, vehículos apropiados para ir a áreas rurales y difíciles. Se sienten orgullosos de eso y nosotros también de ellos, de su desarrollo y su comportamiento.

Ningún trabajo humano es perfecto, pero como dije, lo perfecto es enemigo de lo bueno.

Estamos haciendo lo bueno, lo mejor, y es apreciado por la población. Las únicas quejas que recibimos vienen de pequeñas élites políticas, un pequeño grupo de la oposición, y de ONG que se hacen eco de lo que dicen.

Pero no solo son ONG o periodistas, la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos ha acusado a dos miembros de alto rango de su gobierno de negociar con las pandillas, al viceministro de Justicia y director general de Centros Penales Osiris Luna Meza y al director de Reconstrucción del Tejido Social Carlos Marroquín a cambio de beneficios. ¿Su gobierno aún mantiene que no hubo negociación?

Sí, 100%. No hay, no hubo y no habrá ninguna negociación con las pandillas.

No digo que el fiscal general de EE.UU. esté mintiendo. Probablemente tenga alguna información, porque esos dos funcionarios, por la naturaleza de sus trabajos, tuvieron que lidiar con las pandillas.

El director general de Centros Penales está diariamente en contacto con las pandillas en las prisiones, con los presos. Y el director de Reconstrucción del Tejido Social también está en una posición en la que debe tener alguna interacción.

Pero incluso si hubo algún intercambio o trato o algo, negociar con las pandillas no es una política del gobierno.

¿Pero es posible que lo hicieran?

Es posible. Y no puedo poner en duda lo que dijo el fiscal general de EE.UU., pero lo que me gustaría saber es si él verificó esa información y con quién.

Porque si dio por sentado lo que le fue dicho por una ONG o por la información publicada por un medio digital, esa es una evidencia demasiado ligera. Si eres miembro de una oficina del fiscal de distrito y representas la Justicia en ese país, EE.UU., es tu obligación verificar la información.

Quisiera saber si llamó a esos dos funcionarios para contrastar con ellos si es verdad o no que lo hicieron, por qué lo hicieron, los términos de la negociación, qué lograron, qué dieron, y también si tenían órdenes superiores de hacerlo.

Tienes que ser serio cuando haces este tipo de acusaciones. Y para mí, tomaron como un hecho lo recibido, y eso no es serio.

Hay un nombre específico en medio de todo esto: Élmer Canales Rivera, alias “El Crook”, quien fue liberado a pesar de pender sobre él un pedido de extradición de EE.UU. y de que Interpol había emitido una alerta roja sobre él. ¿Puede confirmar cuál es su paradero?

No, no tengo ni idea de quién es ni cuál fue el acuerdo. He leído la noticia que mencionas, pero no sé si es verdad o no. No puedo decir nada al respecto.

¿Su gobierno sabe si está o no en la cárcel?

No lo sé. Porque hemos tenido algún tipo de problema con el gobierno de EE.UU. con respecto al pedido de extradición y todo ese asunto. No sé si este es el mismo caso por el que nos fue pedida una extradición.

Pero ya lo explicamos y dejamos bien claro: el gobierno no tiene ninguna posibilidad de resolver el asunto porque está en manos del Poder Judicial.

Nos acusan de controlar todos los poderes del Estado, pero nosotros decimos que tenemos que respetar la división de poderes y funciones. Quieren que vayamos a los tribunales y digamos: ‘Mándenlo a Estados Unidos’.

No podemos hacer eso. Está bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo.

Está defendiendo la clara división de poderes en El Salvador: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Pero si hablamos de la posibilidad de reelección del presidente Bukele, es algo que la Constitución simplemente no permite. Creo que hay al menos tres artículos que lo prohíben. Pero es extremadamente probable que se vuelva a presentar, ¿verdad?

¿Y tú crees que es verdad que hay artículos que prohíben la posibilidad de que el presidente se presente para un segundo mandato? ¿Crees eso?

Ciertamente creo que la Constitución no lo permite

Entonces lo crees. ¿Has leído los artículos? ¿Conoces nuestra Constitución? Porque te puedo demostrar que la candidatura del presidente Bukele para un segundo mandato es acorde a nuestra Constitución.

Y puedo citar la disposición exacta que la permite: es el artículo 152 número 1.

Ninguno de los que habla de que la reelección está prohibida, y cita dos, tres, seis artículos que lo mencionan, menciona este otro artículo.

Sin embargo, es el artículo que permite al presidente, no a Bukele, a cualquiera, postularse para un segundo mandato si se cumplen dos condiciones.

La primera es no haber ejercido la Presidencia en el mandato anterior, y es el caso de Bukele, porque en el mandato anterior estuvo Sánchez Cerén. Y la segunda, debe tomarse una licencia o separarse del cargo seis meses antes de que comience el nuevo mandato.

¿Esa sería la base de su reelección?

Léelo. Es el artículo que le permite postularse a un segundo mandato. Está clarísimo.

¿Es él ahora el presidente de América Latina más intolerante ante las críticas?

No, en absoluto. Esa es una fábula.

Parece que no le gusta la crítica

¿Por qué? ¿Lo has conocido?

Me encantaría tener la oportunidad

Pero dices que lo es, como afirmándolo. ¿Cómo puedes afirmarlo?

Es una personalidad pública. Es el presidente del país

Absolutamente. Pero lees lo que dicen los medios de El Salvador y la oposición. Y lo que los medios internacionales repiten es esa versión.

Tienes que hablar con él y verás. Y así podrás leer la otra cara de la moneda, porque ahora solo estás leyendo una parte. Y todas las historias tienen dos partes.

Nos gustaría mucho

Te lo estoy diciendo. No me crees a mí y les crees a los demás.

No se trata de creer o no creer. El quid de la cuestión es que en El Salvador hay una máquina mediática muy bien engrasada en marcha, y es muy intolerante ante la crítica

¿Pero qué significa intolerancia? Por ejemplo, si hay un medio que no te gusta, que te critica, ¿lo evitas? ¿lo cancelas? Eres intolerante con él, ¿no? ¿Me sigues?

En El Salvador, dime un medio que haya sido cancelado. Ninguno.

Pero vayamos a tu país. ¿Puedes ver RT en Inglaterra? No. Se ha fallado a la libertad de expresión en Europa, porque prohíben los medios cuya versión del mundo no les gusta.

Estuve en Europa hace un par de meses y quise ver Telesur. Estaba prohibido.

¿Dónde está la libertad de expresión en peligro? ¿En El Salvador o en tu país?

La pregunta que tengo es: parece haber una actitud de “no preguntes, no cuestiones cómo se ha llegado a esta seguridad. Simplemente disfrútala”. ¿Cree que es el caso, que ahora simplemente se espera que la gente acepte la nueva situación de seguridad, que por supuesto es muy bienvenida por muchas comunidades, pero que hay muy poco cuestionamiento sobre cómo se ha logrado, sobre los métodos que se han usado?

Los resultados hablan por sí mismos, pero los métodos cuentan. Y los métodos que estamos usando demuestran que estamos ganando a guerra sin derramamiento de sangre.

Dime cuántos muertos ha habido en esta campaña, en un año de estado de excepción, con 65.000 apresados. Menos de 50.

Es una guerra en la que estamos lidiando no con los Boy Scouts, con delincuentes comunes, sino con una fuerza estructurada, con armas pesadas, con recursos, con entrenamiento, inteligencia, con todo el apoyo de distintos sectores, y los estamos derrotando.

La población lo percibe. No tú, no alguien que está en Washington. Sino esas personas que viven en las comunidades, en La Campanera, en La Granjita.

Han visto como son nuestros procedimientos y se sienten protegidas. Y es por eso que defienden el estado de excepción, porque son testigos de que cuando los policías va a las comunidades, van directos a capturar a la persona porque tenemos su perfil, un historial, una base de datos que permite llevar a cabo esta operación de esta magnitud, de estas dimensiones, sin precedentes a nivel mundial.

Dime un país en el mundo que haya llevado a cabo una operación de estas dimensiones prácticamente con cero muertos.

Esa es la razón por la que nuestra población no solo está de acuerdo y lo apoya, sino que quiere que continúe. Es lo contrario de lo que dice Human Rights Watch en Washington y Amnistía Internacional en Londres, porque leen lo que dice Cristosal (una ONG) en El Salvador, o leen El Diario de Hoy o La Prensa Gráfica.

Por eso me alegro que estés aquí, porque puedes ir a ver, a verificar, y reportar lo que veas y percibas y lo que la población te diga.

Porque hemos tenido malas experiencias en las que vinieron de distintos medios de Europa, y como lo que tenían en mente no coincidía con la realidad que enfrentaron aquí, en el terreno, la cambiaron, la editaron, y desinformaron a sus audiencias.

Dostoievski célebremente escribió: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”. ¿Qué cree que las imágenes que hemos visto de cómo son tratados los presos en El Salvador dicen de esta sociedad?

A decir verdad, no tengo un juicio final sobre eso, porque mucha gente me ha dicho que es muy chocante ver a esos tipos en filas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que le recordaba a los campos de concentración y de inmediato la comunidad judía reaccionó y dijo: “Estás ofendiendo a las víctimas del Holocausto cuando comparas a esos criminales con nuestra gente que estuvo en los campos de concentración nazi”.

Así que no caigas en esas errores, porque la sensibilidad hacia los victimarios puede ofender a las víctimas.

Esa gente es presentada así porque el presidente quiere ser transparente y responsable. Lo pudo haber hecho en medio de la noche, a oscuras, y nadie se hubiera dado cuenta, pero lo hizo abiertamente. ¿Por qué? Debe haber una explicación.

Es buen marketing también

Probablemente es marketing, ¿por qué no? Si estás haciendo algo bueno y la oposición dice que estás haciendo algo malo, entonces debes contar tu verdad.

Porque si no, gente como tú, de buena fe, que quiere ejercer un periodismo independiente, solo ve una parte de la historia. Y lo mejor es leer las dos caras, comparar y sacar tus propias conclusiones.

Te voy a contar una historia. Una señora estaba viendo en el autobús a uno de los tipos esposados y cuando conoció al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, le dijo: “Gracias por lo que está haciendo. Ese tipo se llevó a mi hija y no la volví a ver. Nunca volvió a casa”.

Él le dijo: “Cuán doloroso tuvo que ser para usted”. Y ella le contesto: “No, el mayor dolor fue ver pasar a ese tipo frente a mi casa, sonriendo, burlándose. Ahora lo veo esposado, eso es justicia”.

Así que, ¿el mensaje es para la gente en Estados Unidos, en Londres, o para los salvadoreños?