Por primera vez en la historia, un expresidente de Estados Unidos enfrenta cargos judiciales: Donald Trump sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero es inédita la decisión de un Gran Jurado de someterlo a juicio por acusaciones de haber pagado 130 mil dólares a una actriz pornográfica para que esta negara las relaciones que tuvieron. Por un lado podría parecer que se trató de un asunto personal y, por ende, del ámbito civil. Sin embargo, dicho pago ocurrió en 2016, cuando él era candidato a la presidencia, por medio de su abogado. Por ley debió reportar dicho egreso como parte de sus gastos de campaña, pero son obvias las razones de imagen por las cuales no ocurrió así.

La polémica está servida: para los partidarios del magnate y exmandatario republicano se trata de una estrategia maliciosa para impedirle que busque un segundo período presidencial en los comicios de noviembre de 2024. Mientras tanto, para sus rivales políticos el caso evidencia un intento de burlar la ley vigente sobre finanzas electorales para ocultar información a los votantes, sin importar si la difusión de la misma hubiese o no incidido en los resultados de las elecciones de 2016.

Como precedentes de intentos por enjuiciar a mandatarios estadounidenses figuran los casos del demócrata Bill Clinton, acusado en 1998, cuando aún ocupaba el cargo, de posible perjurio a causa de una relación impropia con la becaria Mónica Lewinsky, cargos de los cuales al final quedó libre por tecnicismos. También está el escándalo Watergate, de espionaje contra rivales políticos y abuso de poder del presidente Richard Nixon. Investigaciones periodísticas y legislativas lo condujeron a renunciar el 8 de agosto de 1974. Un mes después, su sucesor, el vicepresidente Gerald Ford, le otorgó un indulto.

Trump ya se había adelantado a la decisión, anunciada oficialmente ayer. Desde la semana anterior anunció que el martes pasado sería arrestado, por lo cual tácitamente llamaba a sus partidarios a protestar, con una retórica que parecía calcada de sus últimos días de gobierno, en enero de 2020, cuando reclamaba un fraude electoral, se resistía a entregar el poder a Joseph Biden y arengaba a sus partidarios a resistirse, algo que devino en el violento asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de aquel año.

Por ese suceso fueron capturadas casi 700 personas, de las cuales 165 se declararon culpables y otras 70 han sido juzgadas y condenadas a prisión. En diciembre de 2022, un comité del Congreso pidió que se procesara a Trump por presuntamente haber instigado la insurrección, algo que este calificó también de maniobra política para impedir que compitiera por un segundo término presidencial. Autoridades de Nueva York comienzan a preparar protocolos policiales de contingencia ante eventuales protestas contra la captura del magnate. No existe una fecha para que esto ocurra; sin embargo, la decisión del Gran Jurado es prácticamente inexorable, aunque le permite poder presentarse voluntariamente para enfrentar la acusación de la Fiscalía.

Existen claras implicaciones políticas, sobre todo porque los procesos de nominación del partido republicano se encuentran prácticamente en marcha con varios aspirantes, incluyendo a Trump. De ser encontrado culpable podría enfrentar hasta cuatro años de prisión por delito electoral, pero de serle favorable un eventual fallo, sería un posible acicate para perfilarlo como fuerte aspirante a, también, cuatro años en la Casa Blanca. El sistema de justicia estadounidense se encuentra ante una prueba inédita, sobre todo por la prominencia y talante del acusado.