Verdaderos malabares verbales, cada vez más alambicados, con buena dosis de tecnicismos y recurrentes alusiones al mal de muchos —y, por ende, consuelo de tontos, como dice el refrán— contienen las justificaciones de funcionarios y diputados acerca del creciente monto de deuda pública de Guatemala, el cual no se detiene y, para más agravante, no se utiliza necesariamente para la generación de mayor inversión pública. Por ejemplo, el presupuesto nacional vigente, que asciende a Q112 mil 294.8 millones, proyectaba Q76 mil 436.9 millones para gastos de funcionamiento y Q19 mil 716 millones para inversión, mientras que otros Q16 mil millones se irán en amortizar la deuda pública, entre interna y externa, que hasta el año pasado era de Q214 mil millones, pero que en este 2023 podría llegar a Q226 mil millones.

Actualmente, están en proceso de aprobación dos préstamos más en el Congreso de la República. El argumento del Ministerio de Finanzas es que servirán para solventar créditos “caros”, es decir, con intereses más altos en comparación con los nuevos créditos. Quizá sea cierta la evaluación y los cálculos técnicos. El problema es que en manos de la actual ralea politiquera que pulula en el Congreso, dichos recursos corren el riesgo de cambiar de destino y convertirse en una piñata de último momento.

La razón para tales temores no es etérea ni falaz; es muy concreta. Este Congreso ha avalado ampliaciones voluminosas, sin candados de transparencia y de difícil fiscalización, cuyos resultados son magros. Es más, durante el período Giammattei Falla, el aumento de deuda pública ha sido de más de Q45 mil millones, supuestamente justificados por los gastos de la pandemia, pero hasta la fecha no hay un corte de caja real sobre su ejecución.

Hay que decirlo, no solo ha sido este período el responsable del endeudamiento. Es una tendencia que se ha mantenido en los últimos 25 años: suplir con deuda las deficiencias de recaudación tributaria. Sin embargo, en la última década, es decir en los períodos de los partidos Patriota, FCN-Nación y Vamos, el monto adeudado por los guatemaltecos se ha duplicado, sin que exista mejor infraestructura vial, educativa o de salud.

Por desgracia, una enorme porción de la deuda adquirida se ha utilizado para gastos de funcionamiento, es decir, para el pago de más burocracia, sin que esta necesariamente aporte a las metas de desarrollo humano nacional. Plazas a pedido de diputados y alcaldes, plazas para colaboradores de campaña y hasta plazas fantasmas sin fiscalización forman parte de esta pesadilla organizacional que terminan pagando los ciudadanos, incluyéndolo a usted que lee esto, a sus hijos y nietos, que al nacer ya deben más de Q12 mil y sumando. Es manido el argumento de que la estabilidad macroeconómica del país aún da margen para seguir contratando deuda, pero esto solo es una posibilidad y no una obligación. Utilizar esta potestad para endeudar más al país es simple y llanamente irresponsable.

En campaña electoral ya surgen ofrecimientos populistas de un sueldo 15, de un bono de Q5 mil para madres o de una asignación mayor para adultos mayores. Aparentemente suenan bien, hasta que se pregunta a los merolicos de dónde saldrán los recursos. Nadie está proponiendo una nueva ley de servicio civil que contribuya a controlar el tamaño del aparato público. Ningún aspirante tiene en la mano una propuesta de nueva ley de compras, para reducir los amaños en las asignaciones y garantizar la eficiencia de recursos, para no tener que gastar lo que no tenemos.