Algo de metafórico y de también paradójico tiene el antecedente del primer presidente de Estados Unidos en ser arrestado: Ulysses S. Grant fue detenido y consignado en 1872, por un policía, en Washington D.C., debido a que conducía a excesiva velocidad su carruaje de caballos, a los cuales era muy aficionado. El agente ya lo había apercibido un día antes, cuando Grant estuvo a punto de lastimar a una mujer que caminaba con su hijo. Grant, héroe de guerra y muy acaudalado, pagó una multa y felicitó al policía por haber cumplido con su deber.

Siglo y medio después ocurre la comparecencia del expresidente Donald Trump, acusado de 34 cargos de falsificación de registros mercantiles para ocultar pagos efectuados a personas para acallar posibles declaraciones escandalosas que habrían dañado su imagen política. La acusación surge porque tales gastos no fueron declarados como parte de la campaña y se intentó disimularlos en la contabilidad de la Organización Trump entre 2015 y 2017. “Mintió para proteger sus intereses personales”, señaló el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg.

El magnate, exgobernante y también precandidato presidencial se declaró “No culpable”. Desde que se conocieron detalles de la acusación ha insistido en que es víctima de un caso politizado que en el fondo intenta frenar su carrera hacia la Casa Blanca. Del otro lado, la Fiscalía de Nueva York señala que nadie está por encima de la ley, que la investigación sobre los delitos demoró lo necesario y que por ello se presenta ahora la denuncia. De hecho, la propia campaña de Trump está vendiendo camisetas con una fotografía de apariencia policial autorizada por él y la leyenda “Not guilty”, a US$47 o lo que se quiera donar.

En términos más serios, lo que está en juego es la capacidad de un distrito estatal para poder perseguir un delito de reiterada falsificación de registros contables de una compañía multimillonaria para disimular costes correspondientes a una campaña política: poder económico contra legalidad. La prominencia política del acusado propicia interpretaciones a favor o en contra. En efecto había seguidores y detractores de Trump en las proximidades del tribunal. En todo caso, esta acusación no le impide legalmente continuar la carrera por la nominación presidencial republicana; sin embargo, tampoco puede ignorarse el costo de imagen ante el electorado, sobre todo en estados pivotes y de cara a otros contendientes del partido.

A juzgar por el semblante del exmandatario en la corte, esta situación tiene un peso institucional innegable. Podrá cuestionar la acusación, descalificar a sus acusadores por su filiación política o motivaciones, pero sin duda alguna está marcando un hito que no deseaba: ser el primer mandatario en comparecer ante un juez y escuchar 34 acusaciones que corresponden al deslinde de presuntos pagos ilícitos efectuados por medio de su entonces abogado que figura entre los testigos de la parte acusadora.
“No hay publicidad mala”, dice cierta frase entre expertos de propaganda política, pero todavía hay mucho camino y es imposible cuantificar el desgaste, sobre todo porque este caso es el “menos grave”.
Hay otras posibles causas, aún bajo pesquisa: el posible nexo entre las arengas de Trump y el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2020; el supuesto intento de influir en los resultados electorales de Georgia, que favorecieron a Joe Biden; los documentos secretos que se llevó a su residencia cuando ya no era presidente. Su carruaje iba muy rápido y no contó con que la ley lo alcanzaría.