Una práctica común, totalmente desfasada y disfuncional pero aún utilizada en esferas burocráticas de todo tipo es la divulgación de decisiones polémicas en días próximos a asuetos o festividades largas. Los días previos a Navidad o Semana Santa son los usualmente utilizados para hacer creer que se hacen públicos ciertos actos pero a la vez los disfrazan entre los afanes del ansiado ocio. Algo así podría deducirse del sospechoso Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en una sesión de pocos minutos por el oficialismo municipal de Antigua Guatemala o de la censura adoptada en el Organismo Judicial tras la firma de un nuevo pacto colectivo con el sindicato de empleados, que no solo admite y promueve la mordaza, sino que además tiene todos los visos de ser lesivo para el Estado por los costos económicos que implica.

En el caso específico del OJ, parece más bien un funesto intercambio de favores entre un sector sindical venal y una Corte Suprema de Justicia urgida de acallar disensos y proclive a fomentar hermetismos. Una circular fechada el 28 de marzo, de la presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, que ya lleva tres años y medio de excedencia en el cargo, amenaza con sanciones a todo empleado del OJ que comparta cualquier información relacionada con dicho organismo, una medida absurda porque su formulación obligaría o serviría de pretexto para cualquier consulta periodística sobre audiencias, casos, resoluciones o documentación.

Se trata de un embudo de dudosa legalidad, absurdo, ambiguo y sin precedentes que fue comprado, literalmente, mediante “bonos” económicos para empleados y sindicalistas, sin importar sus implicaciones para el erario: total, no es su dinero el que entrega la CSJ, sino del pueblo.

La inconstitucionalidad del contenido de tal circular —que bajo los términos del pacto tampoco podría ser conocida— debe ser denunciada a la brevedad posible, por ser atentatoria contra el libre acceso a las fuentes de información pública y, por ende, una amenaza contra la libre emisión del pensamiento, comenzando por la de los trabajadores sometidos a tal orden mordaza. Por otro lado es cuestionable que el sindicado venda la libertad de expresión como tácita condición para recibir dinero. De los pagos extra otorgados, el más sintomático es el denominado “bono escolar”, porque será entregado, incluso de forma retroactiva, tanto a empleados que tengan hijos como a los que no los tengan, con lo cual ese nombre se pervierte y queda al desnudo el quid del asunto.

Lamentablemente no son pocas las entidades sindicales que pierden el objetivo real de sus reivindicaciones; ya sea por ignorancia o por codicia de prebendas ceden a la tentación del dinero ajeno. Así como ocurren los chantajes, supuestamente espontáneos, de la dirigencia magisterial o salubrista, el sindicalismo judicial también exhibe su compromiso de silencio cómplice tras recibir la ansiada plata.

Desafortunado es decirlo: no extraña nada de la actual CSJ, sobreexcedida en tiempo y también en competencias, esa búsqueda de acallar disidencias o fugas de información. Con ello evidencia miedo a que se destapen determinados mecanismos, presiones o intimidaciones. Porque, bajo esta norma, un juez que denuncie ese tipo de situaciones podría ser objeto de sanción y no de apoyo. En todo caso, pasada la Semana Santa, la circular de marras debería ser objeto de crítica pública, no para atacar la institucionalidad de la justicia, sino para evitar que en su interior ocurran los despropósitos que debe condenar y sancionar.