Es evidente que los actuales magistrados del TSE no estaban totalmente preparados para afrontar el desafío de un proceso electoral, con todo y sus complejidades. Por una parte, se puede culpar al actual oficialismo legislativo de haberlos elegido aceleradamente, durante los primeros días de suspensión por pandemia, cuando no había ni siquiera opción de acudir al hemiciclo a reclamar desacuerdos. Los nuevos integrantes gozaron del beneficio de la duda, que no supieron aprovechar, ni siquiera con el trabajo que ya les habían dejado hecho sus antecesores; salvaron a partidos sentenciados a desaparecer, como la UNE y FCN, por delitos electorales. Eliminaron a la UCN solo porque ya eran francamente innegables sus narconexos. Eso sí, le dieron todo el tiempo del mundo para que sus integrantes pudieran ser directivos y su bancada sirviera de aliada oficialista.

Aquella parsimonia era solo el preludio de otros desatinos por ocurrir en el proceso de elecciones del 2023. Primero intentaron comprar, a dedo y sin evaluar opciones competitivas, un sistema digital oneroso que ponía en riesgo la custodia del voto. Solo el clamor ciudadano y la denuncia periodística frenaron aquella adjudicación que ya estaba casi cocinada. Luego, vino el intento de mantener en secreto las sesiones plenarias de magistrados con fiscales de partidos políticos, bajo pretextos anodinos.

Ahora, subsiste un retraso en la entrega de credenciales a candidatos, pese a que la campaña electoral arrancó oficialmente el 17 de marzo. El oficialismo encabezaba la lista de autorizaciones, mientras otros partidos reclamaban el atraso previo a la Semana Santa. Se fueron callando conforme les acreditaron sus candidatos, una actitud que denota su defensa de conveniencias y no la del bien democrático.

Algo similar aplica en los casos de inscripciones denegadas o suspendidas bajo criterios desiguales. A unos les aplican la sanción por supuesta campaña anticipada, mientras a otros, que también podrían calificar en dicha práctica, les dejan el camino libre. A menos que existan flagrantes transgresiones, los propios partidos deberían exigir la libre competencia electoral, en defensa del pleno derecho ciudadano a elegir a sus autoridades.

Las impugnaciones legales a resoluciones del TSE también inciden en el retraso al aval de candidaturas y poco ayuda la Corte Suprema de Justicia al retrasar vistas públicas, como la que estaba prevista para ayer, pero se suspendió. Poco se puede esperar de magistrados que se autoprotegen de los antejuicios y cuyo patrón de acciones apunta a afinidades con el actual oficialismo, cuyo período fenece en 278 días, mientras que la CSJ lleva más de tres años y medio de período excedente gracias a la irresponsabilidad, negligencia o dolo del Legislativo.

El 10 de mayo, es decir dentro de un mes, es la fecha límite para que comience la impresión de papeletas electorales para elegir presidente, alcaldes, diputados e integrantes del ocioso Parlacén. Si existe una expectativa de participación de unos 25 mil candidatos y el TSE solo ha entregado poco más de una quinta parte de credenciales, hay 80% de aspirantes que aún no pueden presentar sus propuestas y planes so peligro de ser acusados de “campaña anticipada”. Este tiempo perdido es un factor de desigualdad surgido a partir de la lentitud del TSE para revisar expedientes. Hoy se firma, en un hotel, bajo auspicio de la autoridad electoral, un “pacto de no agresión” entre partidos, una declaratoria absurda, porque al ser políticos y entidades de derecho público, tal respeto debería ser obvio.