El final de la presidencia de Dina Ochoa como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) da paso a la llegada del magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera para la conducción del máximo tribunal, que en el primer año de la octava magistratura ha estado en el centro de varias polémicas. Recientes resoluciones, todas denegatorias, de cuatro objeciones relacionadas con candidaturas, favorables para dos binomios y adversas para otros dos, coinciden con el cambio de estafeta. Y es que desde su integración, la actual CC generó controversia, por ruidos de fidelidades políticas y obvios conflictos de interés.

La campaña electoral ya está en marcha, por lo cual la resolución de acciones vinculadas al proceso marcará el inicio de la gestión de Pérez Aguilera, pues el tiempo corre en contra. Sin embargo, también hay un asunto de trascendencia nacional, de alto impacto en miles de vidas de jóvenes y también en el sentido nacionalista histórico. Sobre este tema la CC mantiene silencio y sigue atrasando la resolución: la exclusión total de Guatemala de toda actividad del deporte olímpico internacional a causa de la suspensión, ordenada por la CC, de los estatutos reformados a petición del Comité Olímpico Internacional (COI). Esto dejó a los deportistas nacionales en un limbo. Participarían, aunque sin la posibilidad de usar los colores nacionales, sino la bandera del olimpismo.

El fallo de la CC, en la presidencia de Ochoa, no fue unánime. Tuvo un voto disidente. Se obligó a la toma de posesión de la directiva del Comité Olímpico Guatemalteco, la cual no es reconocida por el COI. La suspensión entró en vigencia el 15 de octubre. Han pasado más de seis meses y el máximo tribunal quizá está esperando que se resuelva por inercia, pero ello no ocurrirá. El COI ya dio pautas para una salida civilizada mediante una nueva elección, por supuesto, con los estatutos renovados. La manifiesta incapacidad de negociación de las dos directivas en pugna y el silencio de la CC prolongan la incertidumbre para nuestros deportistas. Nada de que enorgullecerse.

En enero último, la CC ninguneó a la ciudadanía al denegar recursos en contra de algunas reformas electorales del 2016, sobre todo aquellas que amenazan la libertad de expresión e impiden el sano debate político. De haberlos otorgado no existirían los bloqueos actuales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ciertas candidaturas, pues quedarían sin materia. La CC amparó a finales de febrero a una asociación de migrantes guatemaltecos que exigía mejorar la gestión del voto en Estados Unidos, a cargo del TSE. Interpusieron en octubre del 2022 una acción en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que nunca la resolvió. Acudieron al máximo tribunal que les otorgó el amparo provisional, pidió información a la CSJ y ya no se supo nada más: otro silencio dañoso.

El magistrado Pérez Aguilera tiene experiencia en esta institución. Fue designado como representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en medio del zafarrancho originado por la cuestionada elección de Walter Mazariegos como rector. Aun así, tiene en sus manos dejar una impronta. La expectativa es leve y también breve. La CC tendrá que abordar otros temas de impacto nacional, como la legalidad de aportes de trabajadores a tiempo parcial al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o impulsar la elección, de viva voz, en el Congreso, de magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones. Puede enmendar la historia o repetirla.