Si no fuera tan indigno, peligroso e ilegal sería tan solo un soberano ridículo el incidente del arma blandida y disparada en Tucurú, Alta Verapaz, por una activista del partido Valor en contra de simpatizantes de la Unidad Nacional de la Esperanza. Pero aún más desafortunadas han sido las declaraciones de las presidenciables Zury Ríos y Sandra Torres, respectivamente, quienes en lugar de aportar liderazgo para llamar a la serenidad y al respeto cívico se dedican venenosos discursos para endilgarse el zafarrancho. Gracias a Dios no hubo ninguna persona herida o fallecida por la bala perdida. Permanece sin identificar la mujer que detonó el arma, cuya legalidad de tenencia y portación también está pendiente de esclarecerse, aunque contar con este permiso en ningún momento faculta, a nadie, para intimidar a civiles desarmados y mucho menos por rencillas partidarias.

Menos de una semana pasó desde la firma del pacto de no agresión hasta el incidente de Tucurú, que ojalá no sea el preludio de otros altercados, totalmente injustificables. 27 de 30 partidos avalaron el “Acuerdo nacional para una campaña ética, pacífica, programática y con valores democráticos”, título rimbombante de un documento que fue firmado de manera tardía, cuando ya la campaña había comenzado y que, para ajuste de penas, no tiene mayores consecuencias legales.

El artículo 3 compromete a los signatarios a “evitar cualquier tipo de agresión física o verbal entre las personas políticas, candidatos, militantes y simpatizantes”, lo cual ya fue transgredido, no solo con el incidente mencionado, sino con declaraciones y señalamientos vertidos en redes sociales, tanto por parte de candidatos como de netcenteros allegados que despotrican, colocan motes a adversarios e incluso escriben veladas amenazas.

Faltan dos meses de campaña y existen regiones de alta conflictividad, no solo social, sino también propalada por grupos criminales que buscan prolongar la ausencia del Estado o tener alguna influencia sobre los gobiernos municipales o diputaciones. La denegatoria de inscripción a ciertos candidatos no idóneos por sus nexos con el narco, peticiones de extradición o antejuicios constituyen una medida prudencial para proteger el proceso. Infortunadamente, el Tribunal Supremo Electoral incumple con su deber al aplicar exclusiones de manera discrecional, pues ha inscrito a ciertos aspirantes que también tienen procesos pendientes o nexos con narcopartidos. Estas incoherencias tácitamente incitan a abusos y extralimitaciones.

Está en manos de los llamados líderes políticos calmar los ánimos, dirigirse a sus bases para establecer pautas de conducta necesarias para todo prosélito y repudiar cualquier tipo de violencia, sin rehuir responsabilidades o efectos cuando esta es protagonizada por seguidores. El uso de un símbolo político no es un permiso para la arbitrariedad, sino una responsabilidad y una declaración concreta sobre el verdadero ideario, intenciones y talante moral del partido.

Toda violencia política es deleznable, pero cuando ocurre permite evaluar la reacción de los candidatos y proyectar cómo podría ser su conducta al enfrentar un resultado electoral adverso o una crisis en un cargo público. Puede haber una toma de responsabilidad o evasión de la misma, puede haber búsqueda de consensos o acicateo de polarización, puede mostrarse auténtico interés por impulsar el desarrollo en unidad nacional o exacerbar la intolerancia y el beneficio de grupos allegados, algo de lo cual el país se encuentra hastiado.