A lo largo de la historia de gobiernos de las últimas tres décadas, ningún partido oficial ha conseguido la reelección, por más ansias que coma o por más propaganda y recursos que tire. El relevo presidencial invariablemente llega a causa de los incumplimientos, los abusos a costa del erario y las incoherencias de cada período. Los pactos terminan pasando factura con todo e intereses, la disputa electoral agrava desatinos y desesperaciones, además de acicatear ambiciones de última hora y miedos a la realidad posgobierno.

Período tras período también son recurrentes los intentos por dejar una mano amarrada a los sucedáneos, mediante traslados de contratos de personal temporal a nómina, firma de pactos sindicales lesivos o comenzar proyectos que no se finalizarán en el período, ya por incapacidad o imposibilidad, todo a espaldas de los contribuyentes. Eso representa un costo concreto y creciente, dadas las deudas clientelares que suelen acompañar al nuevo gobierno, funcionarios y bancadas.

Cada nuevo gobierno fija en todo caso sus acciones y titulares ministeriales con base en un proceso de transición y los compromisos asumidos en campaña. En el caso de las secretarías y comisiones presidenciales, con mucha mayor razón. Por eso es llamativa la súbita extensión de la Comisión Presidencial contra la Corrupción (CPCC), creada por el presidente Alejandro Giammattei Falla en 2020 y cuyo cierre estaba previsto para el 24 de enero de 2024, diez días después de la entrega del cargo. Ayer fue publicado el acuerdo gubernativo mediante el cual se prolonga la existencia de dicha dependencia hasta el 2028, como si tal decisión no correspondiera acaso a quien le suceda dentro de ocho meses y 23 días.

En 2015, el gobierno del extinto Partido Patriota, presidido por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, hoy presos, juzgados y condenados por casos de corrupción, creó la Comisión Presidencial por la Transparencia, supuestamente para combatir cualquier práctica ilícita en el Estado. Obviamente fracasó, fue cerrada y quedó solo como una paradoja burocrática.

En 2020, Giammattei Falla creó la CPCC con el fin de prevenir irregularidades, recibir denuncias y, aparentemente, investigar casos sospechosos de ilícitos en el Ejecutivo. Desde el inicio se cuestionó si tal función no contraviene, suplanta o entorpece la acción constitucionalmente delegada a la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP). Dicha comisión cuesta alrededor de Q10 millones anuales, con lo que su funcionamiento en tres años ronda los Q30 millones, de los cuales el 90% se destina a pago de personal. En su informe del 2022 detalla que recibió 151 denuncias y de estas 84 fueron “concluidas”, pero solo 51 llegaron a constituir denuncias en la CGC y el MP, que a su vez deberán investigar los casos.

Cabe cuestionar cuánta confiabilidad puede tener una pesquisa del Ejecutivo dentro de sí mismo, sobre todo si involucra perfiles prominentes. Además, gastar Q10 millones al año para lograr 151 denuncias es un dispendio exagerado, sobre todo porque muchos casos “resueltos” corresponden a pequeñeces y solo dos de las denuncias han llegado a proceso judicial. Tampoco hay manera externa de saber el contenido total de las denuncias, pues sobre estas se ofrece la posibilidad de “anonimato” pero se pide un correo electrónico y una vía de contactar al denunciante. Cualquier presidenciable con dos dedos de frente y cinco de dignidad ya habría elevado la voz por la extensión de un ente anodino, improductivo y sospechoso.