El concepto de campaña anticipada figura en la ley electoral, pero su definición es imprecisa, sujeta a formalismos y no a normas claras, lo cual deja demasiado espacio para la discrecionalidad. La reforma del 2016 es una de las mediocridades legislativas más graves de la historia reciente, urdida por el anterior Congreso y prolongada por el actual, que no tuvo la capacidad o voluntad, o ambas, de corregirla. A ello se sumó una Corte de Constitucionalidad que mantuvo las modificaciones a costa de votaciones divididas.

Es evidente que una ley electoral ambigua y, por ende, manipulable, fuese lo más conveniente para la alianza oficialista del Congreso, la misma que eligió a los actuales magistrados electorales. Por ello, una de las primeras tareas que deberán asumir los próximos parlamentarios electos —porque los actuales no pueden, ni quieren— es exponer con minuciosidad qué es propaganda anticipada, pero sin coartar la discusión política madura y constante de los problemas nacionales, que en efecto constituye una de las funciones básicas de los partidos.

Diversas figuras políticas evitan dar opiniones críticas sobre situaciones del país y se escudan tras la prohibición actual de campaña anticipada. En algunos casos puede haber tal temor, pero en otros sirve para no lastimar pactos subrepticios con el oficialismo de turno. Evitar aplicaciones antojadizas requiere de una ley electoral taxativa, sin ambages, en la cual prevalezcan los derechos de acción, petición y, sobre todo, de libre expresión. Eso evitaría que funcionarios como el registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, “sugieran” a candidatos que se limiten a exponer sus propuestas de gobierno sin referirse a temas de coyuntura, lo cual es un despropósito durante la campaña, aunque también en tiempo ordinario.

Lo mismo cabe decir de otros conceptos relevantes que deben ser definidos con exactitud como la idoneidad, la honorabilidad, la pertinencia del finiquito y las sanciones a la publicidad de obras públicas como velada campaña a favor del delfín oficialista, no solo ahora sino en toda campaña. Asimismo, es imperioso que la normativa respecto de la entrega de reportes de gastos electorales sea más expeditiva, pues no solo tiene un plazo permisivo, sino también condiciones laxas.

En efecto, son irrisorios los primeros reportes de gastos de campaña presentados por 15 organizaciones políticas. Solo la mitad de los partidos cumplió con reportar fondos utilizados en marzo. ¿Y los otros, bien, gracias? Primero, es inconcebible que solo hayan tenido egresos en los últimos días del mes. Basta ver cómo el 27 de marzo, primer día de campaña, la capital y áreas urbanas departamentales amanecieron tapizadas de afiches de aspirantes a diputaciones, alcaldías y presidencia. Es obvio que fueron encargados, impresos, entregados y pagados con anticipación. Además hay anuncios de radio y en redes sociales, caravanas, mítines, algunos con repartos de comida, y más.

El riesgo de infiltración de dinero proveniente del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas es alto y debería ser abordado por el TSE como la máxima prioridad. En tiempos digitales y con convenios firmados con la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Bancos, a cargo de las alertas de posibles blanqueos de capital, el TSE ya debería tener en apresto el mecanismo para detectar financiamientos sin reportar o gastos no consignados, que de seguro los hay, en especial en la provincia.