Las elecciones se encuentran a solo 62 días de distancia y cada vez son más evidentes todas las marufias, trampas y engaños de prácticamente todos los participantes en el proceso previo, pero en especial del gobierno, cazador de todas las instituciones públicas relacionadas con el cambio de gobierno: El Tribunal Supremo Electoral, las cortes Suprema de Justicia, de Constitucionalidad y el Ministerio Público. No hay un solo aspirante libre de pasados y presentes, así como de una maraña de casos a causa del transfuguismo, un verdadero deporte en la política nacional. Cada vez crece más la preocupación ciudadana y por ello es necesario informarla de sus derechos y de convencerla de pelear con votos la posibilidad existente, aunque muy difícil, de lograr un cambio.

Algunos factores poco conocidos, pero muy importantes, deben ser tomados en cuenta. La pirámide poblacional, por ejemplo. De los 17.8 millones de guatemaltecos (datos oficiales del 2022), el 47% tiene menos de 18 años y ello reduce la cifra de posibles participantes a 9.4 millones, de los cuales hay 65% entre 20 y 40 años, 33% entre 40 y 60 y 2% de 60 o más (números redondos). Se evidencia la alta proporción de personas jóvenes, es decir quienes no tienen la edad mínima para ser candidato presidencial. Estas son cifras totales, pero en realidad son menores porque el porcentaje de ausentismo en las elecciones anteriores se ha mantenido en una cuarta parte del total, por desinterés, hastío, lugar de residencia, falta de documentos, analfabetismo, etcétera.

La demografía y el ausentismo se relacionan. Este último, si disminuye, se incrementa el número necesario para ganar en una primera vuelta, ese sueño de opio de los politiqueros y sobre todo de este gobierno. Eso explica, entre otros temas, la proliferación de pseudopartidos y pseudirigentes, quienes confían y promueven con sus acciones la ausencia de votantes. Eso debe entenderse con claridad, para así votar desde la primera vuelta por quien no sea oficialista o aliado oculto y tenga posibilidades de vencer. Desde hace semanas se ha destapado una errónea campaña anti-voto entre personas desesperadas por el fracaso del experimento democrático de gobiernos civiles iniciado en 1985, hace 38 años. Han vivido con cambios producidos por las elecciones.

Aunque algunos señalan a todos los jóvenes de desinteresados y rechazantes de participar en política, la verdad es otra. Sí se interesan en número suficiente para entender cómo está de mal el país y la necesidad de cambios. Deben participar, no importa la tendencia ideológica, porque no hacerlo condena al país. Se informan por los medios instantáneos o tradicionales de comunicación y han ido formando un espíritu crítico ante las cada vez peores barbaridades de los politiqueros. Los cuatro últimos gobiernos, especialmente, han despertado una ira cívica común aunque no unificada en su accionar, pero sí en la necesidad de hacer algo. Alcanza a hombres y mujeres jóvenes, aunque quienes han tenido puestos públicos a veces han resultado peores y son un mal presagio.

El hastío entre quienes han votado, sobre todo en las últimas tres elecciones, se nota en los adultos. La pirámide poblacional los coloca en un porcentaje muy bajo y por ello los cambios dependen de la decisión de estos jóvenes de realizar la primera acción: ir a votar. La presión ciudadana puede lograr profesionalismo en el TSE actual, de cuya valentía cívica depende el respeto al voto popular y el paro de cualquier maniobra ilegal en unos comicios caracterizados por la urgencia de los usurpadores para afianzar la ya indudable dictadura. Las armas políticas disponibles por jóvenes y adultos son el tema de un próximo artículo derivado de la preocupación del futuro nacional inmediato.