El sábado 22 de abril, el presidente Alejandro Giammattei anunció la medida indicada, luego de que el tema generara una serie de posiciones sobre todo económicas y logísticas. Sin embargo, este lunes varios diputados coincidieron en que el hecho también tiene una lectura política.
Para algunos, la autorización del tránsito de manera gratuita por la autopista es correcta porque no hay una base legal sólida para cobrar; es decir, que el Congreso no había legislado sobre el tema, aunque aún están pendientes los mensajes oficiales sobre el futuro del proyecto y la garantía del mantenimiento adecuado del tramo.
Pero también está el hecho de que esta misma legislatura, aprobó el 24 de noviembre del 2021, el contrato de alianza público-privada de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.
¿Qué dicen?
El diputado Samuel Pérez Álvarez, del partido Semilla, afirmó que su bancada ya había solicitado eliminar el peaje, luego de haber analizado la parte financiera y los márgenes del concesionario durante el periodo de administración.
“La liberación apresurada de la autopista es una inutilidad del Estado que se está cubriendo con una desafortunada y perversa apariencia político-electoral”, añadió el diputado independiente Rodolfo Neutze Aguirre.
A su juicio, bajo la ilusión de que ahora será “gratis” engañan a toda la población, ya que, hasta el 30 de abril, paga peaje quien desee pasar por la autopista y nadie más. “Se puede estar en desacuerdo en la concesión, pero la verdad es que solo pagaba quien circulaba. A partir de que tome control el Estado, esa carretera la vamos a pagar todos los guatemaltecos, la usemos o no; y ¿por qué? Porque el mantenimiento escaso que se le dé saldrá del presupuesto general, por la vía de los tributos.
Citó como ejemplo, que una persona que resida en Petén, que nunca pase por esa autopista, aportará para su mantenimiento a través de los impuestos que paga.
Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, apuntó que la liberación también obedece a una demanda de la población, y no tendría sentido que el Estado cobre un peaje, cuando ya los ciudadanos pagan impuestos específicos para el mantenimiento de las carreteras; y por lo tanto, el Gobierno cedió.
Walter Félix, de la bancada URNG, afirmó que no hay posibilidades de seguir cobrando un peaje a los usuarios, ya que no existe una ley que faculte al Estado o al Gobierno, seguir cobrando una vez finalizado el contrato de concesión a la empresa Marhnos.
“No es un regalo del Gobierno o una decisión del presidente, sino que es algo establecido en la ley y no existe una normativa vigente que permita seguir cobrando el peaje. Además, es una demanda colectiva de varias organizaciones que no se siga cobrando porque castiga los bolsillos y ya se están pagando impuestos para el mantenimiento de las carreteras”, aseguró.
El analista político Douglas González enfatizó que no existe una base legal para hacer un cobro por transitar, así que los usuarios ya pagan un impuesto específico para el mantenimiento de carreteras y otro por circular.
¿Hay influencia política?
El componente político también habría influido para la liberación del tramo y Félix no duda en decir que el Gobierno, el partido oficial y sus aliados van a utilizar este tema con fines político-electorales, como se ha observado en otras ocasiones, con objetivo de exponer que se están atendiendo los problemas económico-sociales.
“Es casi seguro, que dentro de las expectativas que ellos tienen, es utilizar este tema de la autopista como una decisión que depende del Gobierno, pero en realidad no es así como ha ocurrido en otras administraciones”, enfatizó.
Gutiérrez coincide en esos términos “y no descartamos que se quiera tener contradicciones o enfrentamientos con la población para nuevamente privatizarla, tanto a nivel del Gobierno como del Congreso”.
Pero para González, en una decisión así siempre hay consideraciones políticas; sin embargo, el vencimiento y las elecciones son sólo una coincidencia.
¿El futuro?
Por lo pronto, todo lo que ocurra en el futuro sobre la administración de la autopista deberá ser conocido por el Congreso, pero ¿hay tiempo, condiciones y consensos, en el sentido de que el Gobierno por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) presente un nuevo proyecto de concesión? La respuesta es que quedará para la siguiente legislatura.
Hasta el momento, y por la forma restrictiva como el Ejecutivo ha manejado la información, no hay un panorama claro.
Pérez Álvarez dijo que en este momento hay condiciones para que “todo pueda pasar” ya que algunos partidos políticos aparentan ser competencia, pero al final, han aprobado iniciativas de la alianza oficial con otras agrupaciones.
Neutze Aguirre es de la idea que el Congreso debería conocer una propuesta para que existan más opciones privadas de carreteras y así el Estado pueda invertir los impuestos en mejores opciones de rutas nacionales, para que el guatemalteco pueda escoger entre ir por una de pago o por una buena carretera nacional; pero no hay ninguna de las dos opciones.
Gutiérrez y Félix precisaron que, durante la coyuntura electoral, es muy probable que no se aborde el tema, pero pasadas las elecciones puede haber algún tipo de negociación o una nueva concesión.
Y el analista González subrayó que “tanto los técnicos como los diputados, deben aprender las lecciones de la anterior concesión para garantizar mejoras en la prestación de servicio: más rápido, más eficiente y con mejores ingresos para el Estado. La anterior concesión apenas contempló un 1% para el Estado. Esta vez, los ingresos deben ser mejores y la empresa debe construir un tramo de cuatro carriles de similares características a la autopista, como contraprestación”, concluyó.
Semana intensa
- 17 de abril: Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, aseguró que están dispuestos a competir para continuar operando la autopista Palín-Escuintla.
- 19 de abril: En una citación en el Congreso se reveló que, de mayo del 2000 a diciembre del 2022, el Estado percibió Q21.4 millones por regalías. Ese mismo día, el viceministro de Comunicaciones, informó que la Dirección General de Caminos (DGC) administrará el tramo con una reducción de la tarifa actual.
- 20 de abril: Representantes de los usuarios del tramo demandan el mantenimiento de la autopista, para evitar su deterioro.
- 21 de abril: Surgen los primeros cuestionamientos sobre la capacidad de la DGC para la administración de la ruta y la falta de un programa de mantenimiento.
- 22 de abril: El presidente Alejandro Giammattei, explicó en un mensaje grabado que la autopista quedará libre de peaje, luego de varios días de silencio oficial.
Asista a la Masterclass sin costo, este 26 de abril, Empresas Familiares: ¿Cómo asegurar su continuidad? Regístrese aquí
