Unas horas después, a través de un comunicado de prensa, confirmaba la noticia que pronto se difundió en las redes sociales. “Desafortunadamente, y como consecuencia de actos delictivos que ponen en riesgo a nuestro personal, nos hemos visto en la necesidad de suspender de manera temporal las operaciones de nuestro local comercial en Ciudad Real, municipio de Villa Nueva”, se leía.
“Como Domino’s siempre hemos operando en el marco de la ley y creemos y confiamos en que esta lamentable situación se resuelva lo más pronto posible, y así poder seguir atendiendo a los buenos villanovanos, que estamos seguros, son la inmensa mayoría de nuestros vecinos del sector”, finaliza el documento.
Como el caso de Domino’s Pizza, la inseguridad y el flagelo de las extorsiones son una realidad que enfrentan a diario los negocios de comida y restaurantes, y que representan un aumento en los costos e impactan la competitividad de los comercios.
Las zonas con más extorsiones contra empresas
“(Las extorsiones) nos afectan directamente y nos golpean duro. El personal se asusta, ya no trabajan tranquilos y se genera zozobra. Tienen miedo a denunciar al igual que el empresario. Nos causa gastos, ya que lo primero que hacemos es redoblar la seguridad y eso tiene un costo elevado”, dijo Abraham Az Palermo, representante de la Gremial de Restaurantes (Grega Gt), adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG).
De acuerdo con Az Palermo, indicó que, donde más se registran casos de extorsiones a los restaurantes en la Ciudad de Guatemala, son las zonas 3, 5, 9, 10, 16, 14 y 18. Asimismo, en los municipios de Villa Nueva, San Miguel Petapa, y algunas zonas de Mixco, así como en Boca del Monte, Villa Canales. “Esto en extorsiones, porque asaltos ocurren en todas las zonas”, agregó.
Según el representante de Grega GT, desde la desescalada de las restricciones por la pandemia del covid-19 en abril de 2022, las extorsiones aumentaron en comparación del lapso en que duró las restricciones desde marzo de 2020, y volvieron en los niveles prepandemia. “Cuando teníamos restricciones solo había llamados al azar, pero con el levantamiento ya son puntuales, podríamos decir que volvieron a la normalidad”, enfatizó Az Palermo.
Por su parte, Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), dijo que una reciente encuesta llevada a cabo entre empresas fabricantes y distribuidores de alimentos socias, reveló que el 40% de ellas manifestó estar pagando extorsión y de estas, el 75% es víctima de ese delito desde hace tres años; y el resto, hace más de siete años.
Según ese estudio, el 75% de las empresas paga hasta Q100 mil de extorsiones anualmente, mientras que el 25% estima que el monto va de Q101 mil a Q500 mil. También se reveló que el 50% de los encuestados considera que las extorsiones aumentaron en un 10% en 2022, principalmente en la región metropolitana y el sur del país (Escuintla).
Empresas deben optar por cierres temporales
Según Lacs, esta problemática conlleva a que las empresas, por cuidar la integridad de sus empleados, opten por cierres temporales, el traslado de puntos de distribución en algunos sectores considerados de alta peligrosidad, cambios de horarios de los repartidores o contratación de más seguridad privada.
José Fernández, miembro de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, dijo que actualmente el tema de la inseguridad y las extorsiones se suman a los criterios a considerar en el análisis de riesgo de una inversión y los costos fijos de operación de cualquier negocio.
“No debería ser así, pero desafortunadamente, uno de los criterios que determinan la ubicación o dónde se puede abrir o no un negocio tiene que ver con el hecho de que se considere áreas rojas, esto desde la perspectiva de la inversión”, recalcó Fernández.
Suben denuncias y costos por seguridad privada
“Entre los costos operativos fijos como la renta, el pago de personal, la factura de luz, agua o teléfono, que son naturalmente asociados al negocio, hoy se le suman los costos de seguridad. Y el costo de contratar un policía privado puede representar muchas veces hasta 1.5 veces el costo de un salario mínimo“, enfatizó Fernández.
“Pedimos a las autoridades que nos apoyen con esta situación, ya que hemos sido el gremio más golpeado por la pandemia y seguimos siéndolo con las extorsiones y vandalismo común. Hay una línea de denuncia, pero nos falta seguimiento, puesto que dicen que debemos primero reconocer si es extorsión real o de imitadores. Eso desanima también al inversor”, dijo Az Palermo.
De acuerdo con un reciente informe de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, la tasa de denuncias por extorsiones en Guatemala en diciembre de 2022 fue de 83.4 denuncias por cada 100 mil habitantes, y en marzo de 2023, el indicador se ubicó en 85.7 denuncias por cada 100 mil habitantes.
