El Tribunal Supremo Electoral debe enmendar de inmediato uno de los más graves errores que podría estar cometiendo en detrimento del derecho ciudadano a elegir con plena conciencia: autorizar papeletas de votación para diputados omitiendo en ellas la lista de nombres de candidatos. Se trata de una irresponsable medida aprobada con voto favorable de 16 partidos políticos en contienda que traicionan de esa manera cualquier ofrecimiento de honradez, transparencia y responsabilidad que estén haciendo a la población.

Nunca antes en la historia democrática de Guatemala había existido un Tribunal Supremo Electoral tan voluble a los caprichos de organizaciones políticas, tan contradictorio respecto de la aplicación de las normas de inscripción de aspirantes y tan lábil para defender los legítimos intereses de la ciudadanía. Pretextos de espacio argumentaron los partidos que votaron a favor de ocultar, esconder, tapar, encubrir, callar o enmascarar los nombres de sus aspirantes a diputaciones en las papeletas. Quieren que solo aparezcan los logotipos de sus grupos y detrás de tal deseo se trasluce el intento de favorecer a candidatos cuestionados, por tránsfugas, por estar antejuiciados, por ser exfuncionarios de dudosa eficiencia o por ser parientes de dirigentes, congresistas o contratistas.

“Solo aparecerán los símbolos de los partidos, obviando los nombres de los postulados”, expone el comunicado del TSE sobre la sesión del 27 de abril. El gerundio del verbo “obviar” contenido en el enunciado denota lo artero de tal medida. Su definición en el Diccionario de la Lengua es: “Evitar, rehuir, apartar y quitar de en medio obstáculos o inconvenientes”. La claridad solo estorba a politiqueros que pretenden engañar.

Se supone y se espera que el TSE se guíe por un principio de servicio a la ciudadanía, orientado a a garantizar un voto libre, bien informado; una decisión consciente, una selección personal bien fundamentada. La inclusión de los nombres de candidatos no es un detalle ornamental ni una concesión al gusto de los partidos o los magistrados: es una obligación constitucional de estos últimos porque su misión es garantizar la plena expresión de la voluntad del votante. Obligar a la ciudadanía a sufragar a ciegas, bajo razones espurias, casi raya en la ilegalidad.

No es la primera vez que el TSE se escuda tras criterios “democráticos” para dejar en manos de los partidos decisiones que corresponden a su fuero de autoridad colegiada. Quizá esos errores se deban a tener a un exministro del gobierno pasado o a una excandidata vicepresidencial de la elección pasada entre sus integrantes; quizá sea por tener entre sus miembros a dos abogados con falsos doctorados, casos ante los cuales la Fiscalía no ha movido un dedo. Al inicio de la campaña quisieron dejar fuera a la prensa de las sesiones por decisión de los partidos y tuvieron que rectificar para bien de todos.

Si los congresistas son representantes del pueblo, entonces el pueblo necesita tener frente a sí los nombres de aquellos a quienes delegará o no su voluntad. Una de las demandas más fuertes y claras en las reformas electorales era la eliminación de listados nacionales y distritales para pasar a votar por nombres específicos. Así se terminaría el negocio de venta de curules y el abuso partidario de colocar allegados en las primeras casillas. Ahora viene el TSE y le quita a la ciudadanía la única pequeña ventana que tenía para poder saber por quién está votando. Deben subsanar el error ahora o pasar a la historia con él a cuestas.