La mayor desconfianza ciudadana se concentra en sindicalistas, partidos políticos y diputados, según los datos de la más reciente Encuesta Libre, y como súbito corolario se supo el jueves último de una reunión secreta entre el cuestionado dirigente magisterial Joviel Acevedo, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, de la bancada Vamos, y el diputado Javier Hernández, del anterior partido oficialista FCN-Nación. Aunque el tema por discutir era público y en un edificio público, personal del Legislativo impidió la entrada a los medios de comunicación y solo se hizo la pantomima de dar acceso cuando el encuentro de marras ya se había concretado.

En el ínterin hubo empujones e intentos de bloquear la labor periodística por parte de lacayos de Acevedo y empleados del Congreso: un lamentable espectáculo que únicamente acrecienta las sospechas sobre la intervención del sindicalista en un tema que no le compete solo a su gremio, sino a todas las clases pasivas del Estado. En todo caso, no extraña para nada la conducta secretista de la diputada Rivera, quien aspira a la reelección en la primera casilla del listado por el distrito de Guatemala, mientras que Hernández ocupa la segunda casilla por el listado nacional de su partido, junto con el expresidente Jimmy Morales.

El meollo del asunto está en la iniciativa de ley 5563, ahora desechada, en parte por la reaparición de Acevedo, pero también por la ansiedad que sacude a bancadas afines al oficialismo, sobre todo al ver los resultados adversos para múltiples partidos y el rechazo generalizado de la ciudadanía a los tres años y medio perdidos entre pactos, dispendios, plazas y atrasos. Les urge urdir un posible botín de votos pagados con dinero ajeno.

En este caso, era obvio el objetivo de la iniciativa de congraciarse con los pensionados del Estado a través de un aumento en el monto de jubilaciones. Quizá sea necesaria una revisión por razones humanitarias, pero también debería evaluarse otro tipo de programas. Un súbito aumento por decreto podría ser una carga exorbitante y creciente para el erario. El oficialismo busca cómo asirse del reparto de fondos públicos, como lo hizo con las asignaciones para alcaldes y las ampliaciones para supuesta obra vial, que obviamente no están funcionando como se dibujó en alguna reunión también secreta.

Ahora el señor Acevedo quiere un pedazo del pastel y que se incluya a las clases pasivas del magisterio en el combo de aumentos. No se puede deducir otra cosa de la suspensión de clases durante dos días, de la marcha de sus adeptos que agravó el caos vehicular y, sobre todo, de la encerrona ya descrita. La agresividad vociferante y oficiosa de sus adláteres solo denota una gazuza subyacente y un total irrespeto a los contribuyentes.

Hace casi tres lustros que Acevedo fue destituido, el 8 de diciembre de 2008, por la entonces ministra de Educación, a causa de su inasistencia a trabajar. El fallo de un tribunal ordenaba su cese inmediato. Sin embargo, continuó en el cargo por intervención presidencial y desde entonces va y viene presionando a sucesivos gobiernos para lograr beneficios sin que la calidad educativa mejore. En lugar de ordenar la auditoría a su desempeño y el de su rosca, los mandatarios aparecen dándole la mano a cambio de concesiones y favores que se pagan con un futuro incierto para estudiantes. Y cuando tal sumisión abyecta parece insuperable, aparece el candidato presidencial tomándose fotos con los maestros de la subordinación.