Una inesperada baza populista se volvió la autopista Palín-Escuintla, cuyos primeros días libres de pago han sido motivo de expresiones de complacencia, pero también de descontento y preocupación. Primero vino el reclamo del sector de transporte, que exigía criterio de igualdad en la utilización libre de la vía. El Ejecutivo fijó una restricción para que solo pudieran pasar camiones de seis ejes o menos, para aminorar el deterioro, pero ayer la eliminó: una evidencia de la improvisación con que se abordó el asunto cuando estaba por fenecer el contrato de la empresa que manejaba la concesión. Ciertamente eran leoninas las condiciones del contrato de 25 años y exiguas las regalías para el Estado. No obstante, el pago de paso generó recursos por concepto de IVA y aseguró su transitabilidad.

Quizá se debió evaluar la posibilidad de una nueva concesión con un mayor porcentaje de beneficio económico al país. Tal ingreso habría podido orientarse al desarrollo de los municipios que atraviesa la vía, con lo cual se pudo haber beneficiado también a población que no posee vehículo. Incluso, de haber quedado bajo alguna modalidad de cobro estatal, una rebaja a la tarifa habría sido un alivio sin perder el financiamiento para mantenerla.

Pesaron más la improvisación y las acciones de última hora. En plena campaña electoral era demasiada la tentación, el miedo o el afán demagógico. Doce días antes del final del contrato con Marnhos, diputados opositores plantearon aprobar un punto resolutivo para exhortar al Ejecutivo a eliminar el peaje. Sí, también querían rédito político y el oficialismo no iba a dejarse arrebatar el paquete. Lo rechazaron. Tres días después, el presidente Alejandro Giammattei Falla anunció la gratuidad del tramo como si hiciera un favor.

Algunos diputados oficialistas se apostaron a festejar en las garitas de peaje a las cero horas del 1 de mayo y lo calificaron de “logro”, aunque en realidad fue solo un plazo que feneció, una coyuntura que no se anticipó y una disyuntiva ante la cual privó la visión electorera. Supuestamente el Ministerio de Comunicaciones se encargará del mantenimiento del tramo, hasta ahora considerado el mejor del país. La efectividad de tal conservación queda en duda al observar las deficiencias de la red vial, comenzando por la cercana ruta a la Costa Sur, que presenta peligrosas faltas de señalización y múltiples tramos inconclusos. Además no hay tal gratuidad, porque cualquier trabajo en este tramo consumirá recursos de los tributantes, incluyendo a los que no manejan vehículo.

Uno de los factores que mayor deterioro causan a la capa de pavimento es el descontrol de peso. El Ejecutivo deja libre el paso y anuncia la instalación de básculas, un procedimiento que toma tiempo y ocupa espacio, sin detallar dónde y cómo lo instalarán ni cuánto costará también a los contribuyentes. Pero es “gratis”.

Paradójicamente, ahora que ya no existe parada en las garitas de peaje se han registrado fuertes atascos en la autopista, a causa de la alta afluencia de vehículos. La Policía y brigadas de Protección Vial se colocan en ciertos puntos del tramo para ver pasar los automotores. Ello no ha evitado la circulación de camiones contra la vía o con sobrepeso. También hay abusos de velocidad, irrespeto de carriles para circulación pesada y vehículos estacionados en áreas de riesgo, sin que nadie intervenga. Quedó desmentido el ofrecimiento de campaña de Giammattei Falla en cuanto a apoyar alianzas público privadas como vía para conservar y financiar la mejora vial. Total, en ocho meses le dejarán el deterioro, las excusas y los costos al siguiente gobierno.