Se tratan de los comités Somos Guatemala, Partido de Reconciliación Nacional y Alianza por la Justicia; esta última organización contiene en un solo memorial de denuncia la queja de 100 personas que afirman que fueron afiliados a la entidad sin su consentimiento.
“En estas elecciones se ha dado el fenómeno. Le podría decir que un 80 por ciento de las denuncias que han ingresado a la fiscalía, y que nos han remitido de delegaciones departamentales, se basan en la afiliación ilegal”, según lo señalado por Lizbeth Pérez, jefa de la Fiscalía.
Cualquier delito electoral, afirma la jefa fiscal, son serios, ya que su posible acto conlleva a “acciones que atentan contra el proceso electoral”, y en consecuencia atentan contra la democracia.
“Cuando hemos hecho las investigaciones se ha determinado que las personas no han asistido a las reuniones que se hacen entre grupos promotores o comités para la constitución de partidos políticos, y han falsificado la firma de ciudadanos”, explicó Pérez.
La afiliación ilegal es un cargo que para la jefa “son serios, en virtud de que estamos hablando de la legalidad de las organizaciones políticas, de la forma en que nacen a la vida jurídica”.
Por estos hechos se han solicitado audiencias de primera declaración del notario que validó los procesos de afiliación, así como del secretario general provisional, requerimientos que fueron hechos a instancias judiciales y que están a la espera de una respuesta.
Destrucción de propaganda
Otro de los delitos que han sido reportados ante la Fiscalía de Delitos Electorales es la destrucción de propaganda, señalamientos que han hecho algunos partidos políticos desde que comenzó el periodo de campaña.
“Nosotros hemos visto muchas quejas en las redes sociales por destrucción de propaganda, pero denuncia concreta solo hay dos, una es del diputado Javier Hernández -del partido FCN-Nación-, que dejó a tres personas ligadas a proceso”, indicó la fiscal.
Debido a que el caso se mantiene bajo investigación, la Fiscalía no profundizó en los detalles de los tres jóvenes procesados, que según los hechos, fueron vistos por el congresista destruyendo propaganda de su partido político.
El parlamentario llamó a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para reportar el hecho, quienes al llegar capturaron a los sospechosos, los trasladaron a la Torre de Tribunales y un juez los ligó a proceso. Los tres, según el MP, cuentan con medida sustitutiva de arresto domiciliar.
En 2019 hubo 1 mil 600 denuncias por delitos electorales. En lo que va del 2023 se reportan 90, pero la experiencia de la fiscal le hace estimar que habrá un repunte de denuncias, como en otros eventos electorales, desde mediados de mayo.
Otras fechas clave para la recepción de denuncias electorales, afirma la jefa de la fiscalía, ocurren el día de las votaciones y el día siguiente, por lo que hizo un llamado a la población “en aras de llevar un proceso de elecciones de forma pacífica”.
Es frecuente en el interior del país disturbios en algunas comunidades, pero la Fiscalía pide a la población prudencia: “no se tomen las cosas por su propia mano generando violencia, el proceso democrático es precisamente la alternabilidad de los funcionarios, pero de forma pacífica, no podemos decir que hay democracia si no hay paz”.
Próximamente el MP estará habilitando un centro de llamadas en donde la población podrá reportar cualquier delito de índole electoral, ejercicio que ha sido puesto en práctica en los últimos eventos de votaciones.
Poca incidencia
Para las organizaciones sociales que integran Mirador Electoral, en esta etapa del proceso, la incidencia que mantiene la Fiscalía de Delitos Electorales es menor a lo que se ha visto en otros procesos electorales.
“Yo considero que la Fiscalía de Delitos Electorales ha tenido un perfil más bajo. Recordemos que en el 2015 se presentaron investigaciones, se anunciaron hasta coordinaciones entre las autoridades para monitorear, en aquella época, el financiamiento electoral ilícito”, explicó Edie Cux, director de Acción Ciudadana e integrante de Mirador Electoral.
Otro tema que le causa intriga a Cux, es como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) ha accionado por aparentes delitos de incidencia electoral, algo que según él, no sería de su competencia.
Cux puso como ejemplo el antejuicio contra el candidato presidencial Edmond Mulet, que fue señalado por aparente campaña anticipada, que ante el rechazo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el MP accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) prefiere no dar un pronunciamiento en este momento, ya que se encuentran preparando un informe relacionado a la conflictividad electoral.
La MOE-GT explicó que esperan hacer público este estudio en los próximos días y ahí presentar los principales hallazgos en materia de conflictividad electoral.
La organización social Diálogos detalló que en las elecciones del 2019 hubo incidencia en 14 delitos electorales, es decir, los más denunciados en el proceso pasado siendo los siguientes:
- Coacción contra la libertad política
- Financiamiento electoral
- Abuso con propósito electoral
- Abuso de autoridad con propósito electoral
- Atentado contra el transporte de material electoral
- Coacción contra elecciones
- Coacción del elector
- Financiamiento electoral ilícito
- Fraude del votante
- Campaña anticipada
- Propaganda oficial ilegal
- Propaganda reelccionaria
- Turbación del acto eleccionario
- Violación del secreto del voto
