Casi siete años después de haberse aprobado la ley de control telemático y a más de una década de haber comenzado a discutirse esta modalidad para control de reos, por fin se anuncia la puesta en marcha de una primera fase de grilletes electrónicos. El objetivo primordial de esta implementación es el desfogue de centros carcelarios, sobre todo el Preventivo de la zona 18, en donde podría haber numerosos casos que puedan acogerse a este tipo de excarcelación vigilada.

Son dos mil los dispositivos arrendados a un costo de Q110 millones, lo cual abarca no solo la tobillera electrónica, sino también el equipo y personal para el monitoreo de detenidos con medida sustitutiva. En todo caso, la aplicación de este nuevo sistema debería priorizar a personas que se encuentren en prisión bajo alguna fase procesal por delitos que no atenten contra la vida o la propiedad. Por ejemplo, acusados o condenados por extorsión no deberían ser elegibles, debido a que si dentro de las cárceles se comete tal delito, sacarlos de las mismas sería facilitar aún más barbaridades. No puede haber generalizaciones y cada caso debe ser analizado de acuerdo con el perfil de reincidencia, peligrosidad y características del delito presuntamente cometido.

El juez a cargo de cada caso decidirá si el detenido debe pagar un mínimo de Q50 diarios por el uso del aparato o bien si el costo recae sobre el Estado. Esta disyuntiva surge al considerar que no toda persona podría sufragar dicho aparato. En todo caso, también se debe sopesar si existe verdadero riesgo de fuga, puesto que de no ser así, la medida sustitutiva puede y debe otorgarse sin requerir el monitoreo digital y solo con la obligación de reportarse a firmar el libro de control en el Organismo Judicial.

En efecto, el origen y objetivo primario del control telemático es reducir el hacinamiento penitenciario. Si, hipotéticamente, se llegaran a otorgar y utilizar los dos mil dispositivos adquiridos, se estaría rondando el 8 por ciento de la población carcelaria actual, incluyendo a convictos que ya hayan cumplido la mayoría de la pena, tengan buena conducta y estén en vías de rehabilitación. Los aparatos cuentan con tres vías de conectividad, por internet y radiolocalización, para asegurar la ubicación del individuo las 24 horas, los siete días de la semana. Asegurar la calidad de tal monitoreo en el mediano y largo plazos es el verdadero reto.

No obstante, también se necesita agilizar la construcción de una prisión de alta seguridad, para el traslado de los reos más peligrosos. Las repetitivas requisas en penales evidencian el continuo trasiego de aparatos telefónicos, terminales de internet, electrodomésticos, equipos de sonido, videojuegos y sustancias enervantes. En otras palabras, el control telemático es un componente largamente esperado, pero solo es una arista de un problema mayúsculo que la administración Giammattei Falla le deja al siguiente gobierno.

De hecho, en las prisiones continúan reportándose situaciones graves, como el ingreso subrepticio de jóvenes menores de edad por parte de redes de trata. Y si eso ya es preocupante, mucho más aún lo son las violaciones y golpizas recibidas por muchas de estas víctimas que son captadas en centros escolares públicos bajo el engaño de obtener beneficios económicos. No es una denuncia nueva y la brutalidad de los casos es prácticamente inverosímil, pero llama la atención que no exista ninguna pesquisa abierta, ya sea interna en el Mingob, en la oficina anticorrupción o en el Ministerio Público para frenar tan inicuas prácticas.