Como siempre sucede en Guatemala, este proceso electoral provoca una sorpresa cada día y causa sorpresa cuando no hay una nueva. Se afianzan más las posiciones individualistas al extremo, a veces caprichosas y a veces no tanto, desconectadas de las consecuencias para toda la sociedad. Por supuesto, los derechos están allí para ser empleados, y eso no tiene discusión válida alguna, pero por un lado su uso merece ser meditado porque no son obligatorios ni tampoco absolutos, pues necesitan tener razonables límites lógicos, éticos, para no volverse motivo de peligro para el ciudadano como efecto de utilizarlos. No es tanto un tema jurídico, sino muchas veces de responsabilidad por ser miembros de un conglomerado, cuyos derechos también existen.

Aunque parezca chiste de mal gusto, hay 97 recursos de todo tipo presentados por aspirantes a cargos públicos inconformes con las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Sólo en Guatemala puede pasar esto. Por cierto, en mucho es culpable a causa de sus formas extrañas, por no decir sospechosas, de decidir la autorización y rechazo de candidaturas, compra de equipo, etcétera. Ha logrado despertar y afianzar la desconfianza en la institución, de una manera como no se había visto desde 1984. La ciudadanía percibe, porque así es, un retroceso. De todo esto creo útil destacar la actitud de los aspirantes a candidatos dejados fuera, y vale la pena señalar el caso ocurrido en Estados Unidos en 2000, en la elección entre Al Gore y George Bush.

Gore perdió la elección por una diferencia de 0.5% de votos emitidos en la Florida, donde el gobernador era hermano de Bush. No quiso ejercer el derecho de pedir revisión, por estar consciente del efecto terrible de hacerlo para la credibilidad del sistema. Se retiró a la vida privada y se convirtió en defensor de la naturaleza. En Guatemala, en cambio, hay 97 personas insistiendo en su derecho individual aunque ello ponga en peligro las elecciones, a sólo 39 días de distancia, porque hay riesgo de no haber tiempo suficiente para imprimir, separar las papeletas, y tenerlas listas para su envío y uso el 25 de junio. Pero no solo existe este riesgo. El propio TSE, cuya independencia ya desapareció, aún podría eliminar candidaturas y con ello complicarlo todo más.

Estas 97 piedras en el camino de la elección la ponen en peligro. La impresión de las papeletas es muy complicada, porque si bien las utilizadas para decidir quiénes ganan la primera vuelta presidencial, las de alcaldes y diputados toman mucho tiempo, porque depende de la capacidad de producción de imprentas, no siempre es suficiente cuando es corto. Tampoco se puede realizar ninguna de las impresiones, debido a la actual duda de quienes realmente serán colocados en las papeletas. Por aparte, la gran cantidad de nombres en las papeletas para presidente obliga a ampliar el tamaño de ésta, lo cual dificulta la lectura y cuando el votante la recibe, la marca y debe colocarla en las urnas. Son asuntos técnicos y la falta de tiempo puede inducir a graves errores.

Un resultado posible de todo este relajo es la disminución de la asistencia de votantes a las elecciones. Sencillamente, esto beneficia al gobierno y a quienes lo apoyan, porque mientras menos votos sean emitidos, más fácil es alterar resultados en una de las muchísimas formas de poder hacerlo. No creo estar hilando demasiado fino. Al contrario, las evidencias se juntan y amontonan, lo cual muestra cómo la escasa cantidad de tiempo para la primera vuelta obliga a la ciudadanía de todas las edades, sobre todo los porcentualmente mayoritarios jóvenes, a participar con su voto.

También quienes se encuentren en las mesas receptoras donando su tiempo necesitan tener el ojo avizor y asegurarse de tener documentos con los resultados verdaderos.