En su informe anual sobre libertad de prensa, la Asociación de Periodistas de Guatemala alertaba en diciembre pasado sobre la existencia de un “terrorismo judicial que acecha a la prensa” y a cualquier voz crítica al gobierno de Alejandro Giammattei. Eso es precisamente lo que se observa con el caso fabricado en apenas 72 horas contra Jose Rubén Zamora, quien permanece detenido desde julio pasado. Ese terrorismo judicial ha continuado con las presiones y hostigamiento contra anunciantes, reporteros y columnistas que llevaron al cierre definitivo de diario elPeriódico. El Ministerio Público (MP), al servicio de Giammattei, se lanzó contra este medio por ser incómodo a la clase política corrupta, con el objetivo de aplastar la disidencia periodística. Estas acciones han cercenado el derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho de los guatemaltecos a ser informados.

Zamora es un preso político. El MP, dirigido por Consuelo Porras, afirma que está acusado por lavado de dinero y chantaje, pero en realidad se trata de un caso sin mayor sustento que es una represalia por las más de 200 investigaciones de elPeriódico sobre la corrupción que salpica al gobierno de Giammattei. A Zamora lo mantienen aislado en Mariscal Zavala y solo le dan una hora para tomar el sol. En enero pasado, el fiscal Rafael Curruchiche presentó un nuevo caso en su contra por obstrucción a la justicia. La persecución también fue lanzada contra los abogados defensores, a tal grado que el caso de Zamora lo lleva ahora un abogado de la Defensa Pública Penal. Según el expresidente de elPeriódico, “estoy siendo perseguido por el Estado y todo su poder de opresión”. Un candidato presidencial que se atrevió a denunciar la persecución contra Zamora fue señalado por Curruchiche por obstrucción a la justicia y busca que le retiren su inmunidad como presidenciable. Eso es sencillamente un ataque del MP contra la libre emisión del pensamiento.

El terrorismo judicial contra Zamora se ha extendido contra la directora de elPeriódico, Julia Corado, seis reporteros y tres columnistas. Esta ofensiva incluye presiones contra empresarios para que ya no pauten anuncios en el diario. Corado, varios reporteros y columnistas tuvieron que salir del país para no sufrir el tormento que pasa Zamora. Todos estos hechos llevaron a la decisión de cerrar definitivamente elPeriódico que, en sus 27 años de vida, se consolidó como un medio crítico contra los abusos del poder. Este medio surgió en noviembre de 1996 con los aires que traía la firma de los acuerdos de paz, que ponían fin al conflicto armado interno. Ahora deja de existir porque, quienes deberían profundizar la libertad de expresión desde el poder, uno de los derechos conculcados durante el conflicto bélico, de nueva cuenta lo violan flagrantemente.

No es la primera vez que un medio periodístico es atacado impunemente. En 1988, la sede del semanario La Época fue destruida con bombas y sus directivos tuvieron que salir del país para proteger su vida. En 1998, la revista Crónica fue asfixiada económicamente para sacarla de circulación. El propio presidente Álvaro Arzú se dio a la tarea de llamar a empresarios para que ya no anunciaran en ese semanario. Su objetivo era matar Crónica. Entonces vemos que ha habido una constante de los sectores de poder de tratar de silenciar el periodismo que denuncia los desmanes de la clase política corrupta. Hoy esa partidocracia, con el respaldo del Ministerio Público y jueces venales, cree que puede ensañarse contra Zamora, un preso de conciencia. Pero eso no detendrá las voces críticas que continuarán señalando las atrocidades que cometen. Giammattei y sus aliados piensan que pueden actuar impunemente. Craso error, a los corruptos les llegará el día que deberán rendir cuentas ante la justicia.