Al ingresar a la mayoría de las oficinas estatales nos percatamos del desorden, la falta de limpieza y la enorme cantidad de gente presente; la mayoría sin hacer nada. Es el producto de la administración pública. Se caracteriza por trámites largos y tediosos, por la necesidad de visitar varias oficinas con sus respectivas colas y por una gran burocracia. No es solo característico de Guatemala, sino de la mayoría de los países de Latinoamérica.

Nuestro ejemplo más reciente es la autopista de Palín a Escuintla. Mientras estuvo bajo una administración privada fue una carretera ejemplar. Por supuesto, su sistema de cobro era totalmente ineficiente y provocaba largas filas en los puestos de peaje, pero aparte de ello era un modelo de cómo podrían lucir las carreteras de Guatemala. En el momento en que su administración pasa al Estado de Guatemala, empiezan los basureros a la orilla de la carretera, la velocidad excesiva de los vehículos, el tránsito de transporte pesado sin control de peso, etc. Además, se aproxima la época de lluvias y esperemos que estas no provoquen graves accidentes ni un acelerado deterioro de la ruta. Otro ejemplo es la oficina de Migración que emite los pasaportes. Hace un par de años tuve que esperar nueve meses para que llegara la cita y poder renovar mi pasaporte. Afortunadamente la situación ha mejorado. Cuando fue el turno de mi esposa, solo tuvo que esperar dos meses. Comparen eso con la celeridad al renovar la licencia de conducir. La diferencia es que Migración es una administración pública, mientras que la emisión de licencias está bajo una administración privada.

La conclusión es de todos conocida, y es que el Estado es, por lo general, un pésimo administrador. Su labor no solo es totalmente ineficiente y onerosa, sino que abre la puerta a la corrupción. Esta última inicia en el momento en que se nombra a una persona por “cuello” en vez de hacerlo por ser la más apta para el puesto. De ahí en adelante, la corrupción tiene vía libre e infecta a todo el gobierno. Lo anterior sucede porque la administración pública “recibe” el dinero del presupuesto nacional y no debe “trabajar” por su ingreso, como una empresa privada. La falta de esfuerzo los condena a la ineficiencia.

¿Si todos estamos convencidos de que el Estado es un pésimo administrador, por qué seguimos entregándole nuestros recursos y patrimonio para que los despilfarre sin sentido? Quizás la respuesta nos sorprenda… Es muy probable que aceptemos la ineficiencia y la corrupción estatal “por comodidad” o “por costumbre”. No deseamos involucrarnos y por ello aceptamos pagar el precio sin comprender el daño que le hacemos al país condenándolo al subdesarrollo. No hay manera de que un país logre progresar si está sumido en una corrupción generalizada.

Estamos en plena campaña electoral y todos los candidatos prometen combatir la corrupción mediante la aplicación de la ley. Sin embargo, ninguno plantea la posibilidad de descentralizar la administración de las oficinas públicas como una medida anticorrupción. Todos hablan también de la posibilidad de alianzas Estado-iniciativa privada. ¿Por qué no empezar esas alianzas con la administración pública? Al ceder la administración de las dependencias públicas a la iniciativa privada, estas se volverían eficientes, rápidas, mucho más económicas y con una mayor transparencia en la ejecución del presupuesto nacional.

Parece una idea descabellada, pero tiene un alto potencial porque es una propuesta gana-gana. Sin embargo, quizás la razón de no hacerlo es precisamente porque todos los partidos políticos desean mantener la corrupción generalizada para su beneficio personal.