Joseph Raymond McCarthy era un senador bocón de Wisconsin, veterano de la II Guerra Mundial y ampliamente conocido por agitar en contra de los comunistas en EUA. Recuérdese cómo en 1954 tuvo lugar la intervención de la CIA en el país, bajo esa excusa. Además, fue impulsor del horror al aroma lavanda, eufemismo para la represión de homosexuales. Entre su protervia, destaca la formación de listas negras.

Una lista negra es una colección de personas a quienes debe privarse de trato y, por lo tanto, negarles medios decorosos de vida. Una de las más famosas fue la lista negra de Hollywood, donde se señaló a directores, guionistas, actores y hasta músicos de esparcir simpatía a los comunistas, en las décadas de 1940 y 1950. También las hubo de empleados del Departamento de Estado, de periodistas y de los servicios de comunicación, como la Voz de América. Cuando el intolerante senador se metió con las fuerzas armadas, fue defenestrado de la política. Desde una posición de poder, se busca el ostracismo para ciertos ciudadanos.

¿Existe una lista negra en nuestro país? Algunas personalidades del ámbito oenegeísta recién lo denuncian. Señalan de estar políticamente motivada, a la constancia de falta de cargos, por parte de la Contraloría General de Cuentas. No es posible otorgar a una autoridad administrativa la facultad de negar los derechos políticos a un ciudadano. Pero, esos mismos oenegeístas han mostrado ingenuidad al otorgar a requisitos administrativos valor de convicción, sin examen de tribunal. De esa manera, se permea el discurso poco informado. La decisión ciudadana es la calificación de idoneidad, y no la cancelación de un supuesto mandato constitucional, interpretado por un influenciador, vocero interesado o agente foráneo.

Muchos han sido calificados de conspiranoicos, pues señalan la existencia de un comité integrado por personajes constantes, en cargos de los aparatos de seguridad. A pesar de los cambios de gobierno, existe cierta continuidad, se mantiene una sucesión sin sobresaltos. Estos personajes, actúan apoyados por agencias extranjeras, para generar listados con origen en el siglo pasado. En general, las tachas operan contra ciudadanos de ideologías progresivas. En un inicio, en la feria de las vanidades, algunos vociferantes oenegistas festejan haber acusado a un líder retardatario, al que han anulado; pero luego, en los eventos de nombramiento por órganos públicos o elección abierta, se descubre el señalamiento a los impulsores de derechos sociales. Frente a las afrentas aceptadas con anterioridad, la descalificación arbitraria de líderes populares no encuentra una denuncia atendible.

Una prueba rápida de una colección de señalados son los archivos de verificación en los controles migratorios. No se trata de personas arraigadas por orden de tribunales, sino sujetos a interrogarse de manera personalizada. Se les llama de la fila, solo se les pregunta tonteras y se les permite continuar. Es el famoso chequeo dictatorial: para mostrar presencia, se detiene para revisar documentos. La elaboración mental del interpelado hace el resto. No obstante, como prueba de la baja estima democrática, quedan activos, los conocidos antecedentes policiales. Sin ninguna legitimidad, se reclaman y hasta fila existe para conseguirlos. Es una práctica heredada de un pasado que se resiste a desaparecer. Una base de nombres que debiera estar reservada, es objeto de certificación pública. En suma, el aprecio de las libertades y garantías declaradas constitucionalmente, no es una convicción general compartida.