A pesar del alto número de teléfonos inteligentes en servicio y los avances tecnológicos para la provisión de conectividad de banda ancha, el Banco Mundial considera a Guatemala un país marcado por la denominada brecha digital. Este atraso se identifica, sobre todo, a través de la disponibilidad de terminales para el servicio educativo público, el insuficiente porcentaje de personas en edad productiva con capacidad de utilizar las ventajas de internet para el desarrollo, y el poco aprovechamiento de los entornos virtuales para el impulso de negocios locales de todo tipo.

En efecto, estas preocupaciones condujeron a la Organización de Naciones Unidas a plantear en junio del 2020 una hoja de ruta para la Cooperación digital. Este conjunto de metas fue desarrollado por un panel de expertos en respuesta a las exigencias de comunicación e interconexión develadas por los confinamientos de la pandemia. Fue así como se propone a los Estados buscar y fomentar la conectividad universal y asequible para toda su población en el 2023, lo cual va más allá de ofrecer internet inalámbrico en los parques, y se enfoca en promover la capacitación de talentos en programación y creación de soluciones en línea para atender rezagos de salud, alfabetización, comercio y la propia cuentadancia gubernamental.

Aunque el Gobierno guatemalteco anunció su adhesión a dicha hoja de ruta, hay propuestas como la Agenda Digital Guatemala, lanzada en julio del 2015 por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, en la cual se citan análisis y esfuerzos desde el 2007 que, como siempre, no han tenido la continuidad esperada, pues a estas alturas debería existir mayor avance e inversión.

Un directivo de la Gremial Industrial de Telecomunicaciones, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala refería en julio del 2022 la necesidad de emprender la transformación digital del Estado, comenzando por la modernización de la Ley General de Telecomunicaciones, que data de 1996, y cuyos vacíos y desfases representan un valladar para el desarrollo. Por otro lado, al ver la incapacidad crasa y los conflictos de interés que suelen manejar los diputados, siempre subyace el temor de que cualquier reforma se lleve a cabo en procura de sus beneficios y no del bien común de los guatemaltecos. No obstante, es una necesidad pendiente que debería ser abordada por un panel local de expertos tecnológicos para elaborar una iniciativa integral.

Toda esta reflexión surge a partir del anuncio de la llegada al país del gigante global de servicios de internet satelital Starlink, propiedad del magnate Elon Musk, que acaba de recibir la autorización para operar en Guatemala. La red mundial de satélites de baja altura de este proveedor agrega una nueva modalidad de servicio que competirá por la preferencia y estrategias del sector productivo guatemalteco.

Sin embargo, también puede ser la ocasión para trazar una revolución educativa y de impulso a las iniciativas de desarrollo comunitario, a fin de generar un nuevo paradigma de desarrollo. Si ya existen discusiones previas y prioridades reconocidas, es tiempo de que se fijen objetivos concretos de conectividad, no solo para la información o el entretenimiento, sino para impulsar la mejora de vida de las comunidades, optimizar el monitoreo de áreas de riesgo o fomentar clústeres de emprendimiento local con conexión global. Por desgracia, ningún presidenciable ni aspirante edil o legislativo aborda el tema con seriedad o convicción.