Casi a las puertas de un juicio en el cual seguramente se presentarían nuevas evidencias y también las grabaciones de llamadas en las que se negociaba la adjudicación amañada de compras de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se produce una inesperada aceptación de cargos por parte de cinco acusados, incluyendo al operador político y ex secretario privado Gustavo Alejos Cámbara, cuya defensa interpuso incontables recursos fútiles que entramparon repetidamente el caso denominado Negociantes de la Salud.

La aceptación de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo, así como el ofrecimiento de disculpas públicas a Guatemala por parte de Alejos Cámbara no reducen ni un ápice la inmundicia que entraña este caso de corrupción, el cual fue develado por el Ministerio Público en el 2015, después de haberse recabado elocuentes indicios.

¿Quién no va a querer ganar, si la salud es un negocio?”, decía Alejandro Enrique Toledo Paz, entonces director del Hospital Roosevelt, a César Estuardo Hernández Monroy, que era médico oncólogo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en una de las llamadas interceptadas y presentadas hace seis años. Ambos también admitieron haber cometido los delitos, con lo cual esperan una reducción de la sentencia. La importancia de estas confesiones judiciales radica en que se evidencian los alcances, perjuicios y riesgos que persisten en la administración pública, específicamente en el manejo de las compras de insumos para la salud. No es el único caso ni el último, y prueba de ello es el fraude de Q67 millones a través de 772 compras fraccionadas de equipo para el Hospital de Chimaltenango.

El exdirector del Hospital Nacional de Chimaltenango Gerardo Arturo Fuentes Rubio y el exviceministro Gerardo David Hernández fueron ligados a proceso judicial por este caso, pero lo más lamentable es que a la larga son los pacientes las mayores víctimas. Los “negociantes” llegaron al extremo de dar diagnósticos forzados para adquirir ciertos fármacos.

Merece histórica vergüenza y combate sin cuartel la gazuza de funcionarios advenedizos que, en lugar de cumplir con las obligaciones para las cuales incluso prestan juramento, se dedican a urdir formas de saquear el erario. Pretextos, barreras y defensa oficiosos no faltan. Por ejemplo, se vedó acceso a la prensa en los hospitales y se amenazó con represalias al personal que denunciara irregularidades. Peor aún, la pésima administración que llevó al desabasto del Hospital General San Juan de Dios cuando Gerardo David Hernández era su director fue premiada con un viceministerio donde amplió su lesiva voracidad. Apenas ayer se efectuaron allanamientos en viviendas de seis zonas capitalinas para buscar indicios de este caso, del cual se supo hace dos meses. Y ello por no mencionar la investigación varada sobre la compra de vacunas rusas bajo total secretismo, en contravención a cualquier norma de transparencia, por más de Q600 millones, de los cuales más de la mitad se perdió.

Todo lo anterior remarca la importancia de seguir planes como la asesoría que ofrecía la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) para hacer eficientes los inventarios hospitalarios, o la intervención de Unops, oficina de la ONU a través de la cual se han adquirido medicamentos de calidad para el Seguro Social, sin intermediarios ni negociantes y mucho menos sobrecostos que causan repugnancia.