Por gastos sin respaldo, contratos incumplidos, desaparición de activos y créditos lesivos e injustificados, entre otras causas, la Contraloría General de Cuentas ha presentado medio centenar de denuncias en el Ministerio Público contra funcionarios de diversas dependencias del Ejecutivo, municipalidades y entes descentralizados. No son una bicoca los fondos comprometidos en tales dispendios: Q506 millones. Es de esperar pesquisas ágiles que permitan procesar a los involucrados con la misma celeridad exhibida en otros asuntos en los cuales se atisban animadversiones.

El fraude de la compra amañada de equipo para el Hospital de Chimaltenango, que involucra al exviceministro Gerardo Hernández, será sin duda la prueba de agua regia acerca de las fidelidades y prioridades de la Fiscalía. El caso es grave y su resolución procesal es crucial por tres razones: la más importante, porque golpea directamente a la ciudadanía que acude en busca de auxilio en tal centro asistencial, construido por Taiwán pero presumido como “logro” por el gobierno de Giammattei Falla; si no tiene equipo, no puede atender adecuadamente a los pacientes. Segundo, porque el 60% de la compra todavía no ha sido entregada. Tercero, porque deberá sentarse un nuevo precedente judicial a la brevedad posible y no esperar a que pasen ocho años, como ocurrió con los “negociantes de la salud”.

También es sospechoso el préstamo de Q5 millones efectuado por Ferrocarriles de Guatemala a una tasa leonina del 18%, fondos que no iban a inversión alguna sino a cubrir gastos corrientes. Tal anomalía es llamativa, porque dicha entidad se encuentra regida por la figura de un interventor y, por lo tanto, supeditada a la Presidencia.

Existen hallazgos que, de no ser tan vergonzosos, podrían tomarse como parte de un mal guion de comedia. Lamentablemente, la realidad supera a la ficción. En el Instituto Nacional de Fomento Municipal (Infom), nadie da cuenta de varios vehículos de la institución. A los auditores de la Contraloría les dijeron que fueron robados, pero no hay denuncia en la PNC o el MP. Por si fuera poco, el Infom sigue pagando el impuesto de circulación.

En el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones hay Q13 millones 950 mil cuyo destino final se desconoce. Debieron usarse en programas municipales de apoyo o proyectos de investigación. Además, hay tres municipalidades, la de Samayac, Suchitepéquez, y las de San Francisco y La Libertad, Petén, en las cuales se detectaron manejos anómalos de fondos.

Los anteriores son solo parte de los resultados arrojados por la glosa del 2022. Existen casos sin deducción de responsabilidades, como la compra de vacunas rusas, efectuada en el 2020, por un monto de Q614 millones, pagados por adelantado y las cuales fueron entregadas por abonos. La adquisición fue manejada bajo injustificado secretismo. Las dosis caducadas continúan almacenadas en cuartos fríos, cuyo costo sigue corriendo para el erario. Siguen sin respuesta ni juicio a la vista casos como los Q122 millones en efectivo hallados en casa de José Luis Benito, ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, exfuncionario que también está vinculado al derruido Libramiento de Chimaltenango. No hay resultado alguno sobre los diputados y exdiputados vinculados con el caso Odebrecht ni agilización del antejuicio del diputado Jorge Luis García Silva, señalado por una compra amañada de equipo para el Insivumeh. Celeridades o parsimonias denotan intereses, quiérase o no.