Con una temporalidad similar a la del período de Jimmy Morales —es decir en su último tramo— el gobierno de Giammattei Falla vuelve a vender a Guatemala como un centro de recepción de migrantes en ruta a EE. UU. No quedan claras, tampoco esta vez, las condiciones, los costos y, sobre todo, el balance de beneficios para el país, mucho menos para los millones de guatemaltecos que viven y trabajan en la Unión Americana, que se vieron obligados a migrar a causa de la falta de oportunidades y cuyas remesas son el principal pilar macroeconómico del país.

La administración de Joe Biden termina haciendo lo mismo que intentó Donald Trump hace cuatro años, con otro nombre, con ciertos cambios metodológicos, pero básicamente bajo el mismo paradigma: desviar hacia un tercer país a quienes intentan alcanzar suelo estadounidense. Estados Unidos se encuentra a las puertas de una nueva campaña electoral y la migración ilegal vuelve a enarbolarse como tema toral.

El programa propuesto, denominado Movilidad Segura, involucra a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Se implementará una fase piloto a partir del 12 de junio, bajo la premisa de ofrecer, desde Guatemala y Colombia, posibilidades de acceso legal a refugiados o solicitantes de asilo, que deberán permanecer en estos países mientras se procesa su caso. La fotografía protocolar del canciller Mario Búcaro dándole la mano a un funcionario de EE. UU. evoca sin duda aquella del 2019, del exministro de Gobernación del gobierno pasado y ahora candidato a diputado por Valor-Unionista, Enrique Degehart, firmando el fracasado plan de Tercer País Seguro, que generó rechazo por haberse negociado a espaldas de la población y con un claro fin de congraciarse con la superpotencia del norte.

Lo paradójico de tal plan, que ahora se intenta vender como un logro negociado con la participación del presidente Giammattei Falla, haya surgido de la Declaración de la Cumbre de Migración de Los Ángeles, efectuada hace casi un año —del 6 al 10 de junio del 2022—, a la cual el mandatario guatemalteco no asistió por supuestos “motivos de agenda”, pese a que fue invitado por el propio Biden. ¿Qué tema podía ser más importante que representar a la comunidad de tres millones de connacionales que sostienen la economía nacional? Aprovechando la coyuntura geoestratégica, bien pudo ir y solicitar de manera personal, institucional, vehemente, al más alto nivel, un estatus de protección temporal, o TPS, a beneficio de millones de guatemaltecos.

La oportunidad se desperdició y ahora tienen que anunciar un plan cuyos términos y condiciones siguen difusos. El plazo de la prueba piloto fenece un mes antes del período de Giammattei Falla, con lo cual le deja el grueso de la tarea logística a quien le suceda. Por su lado, el Ejecutivo estadounidense demócrata tiene que vender la idea de estar actuando ante la migración irregular, que repuntó tras el final del Título 42.

Rivales republicanos se aprestan a esgrimir, otra vez, el argumento falaz de la migración como causa de males. El gobernador de Florida y posible presidenciable Ronald DeSantis firmó en mayo la ley SB1718, que prohíbe el acceso a licencias de conducir, servicios de salud y educación, e impone duras sanciones contra migrantes indocumentados. Solo en ese estado hay más de 175 mil guatemaltecos, quienes ya expresaron sentirse desamparados y sin apoyo alguno de los consulados, del Gobierno o del Congreso. Otra ausencia del Estado guatemalteco en un momento crítico.