Uno de los ejemplos más notorios de colisión entre lógica filosófica y lógica jurídica lo constituyen las sentencias de delitos o crímenes múltiples e iguales, como los homicidios.  La suma del castigo por cada asesinato lleva a una cifra a veces superior a la expectativa de vida del condenado. Es lógica jurídica, pero la lógica filosófica pide declararla cadena perpetua, al no haber tiempo para purgar todas las sentencias. La muerte deja sin castigo a las otras, y el calificativo de perpetuo no hace más dura la pena. Dos ejemplos: Perdonar una de dos condenas a muerte, y “el día que la mataron, Rosita estaba de suerte; de tres tiros que le dieron nomás uno era de muerte”. ¿Humor negro? Sí. Pero explica el punto de este comentario y provoca una sonrisa socarrona.

Otros dos casos, muy distintos:  Uno, en el 2013, la condena a 80 años a Ríos Montt por la jueza Yassmin Barrios, quien levantó los brazos con júbilo luego de sentenciarlo, demostrando así su ya sospechada parcialidad.  Vi a un niño de 12 años preguntar, “¿por qué tantos? Ya está muy viejito”. Lógica filosófica. Otro caso. Un estudiante de Derecho, como parte de su pasantía en un juzgado, encontró un refundido y polvoriento documento fechado tres años atrás, con la orden de libertad para un acusado, víctima de desidia y poca seriedad jurídicas. Al recibirlo, el hombre, demacrado, no podía creerlo: lloró, se hincó y, temblando de la emoción, besó las manos del estudiante.  Hay cientos de casos similares por el descuido de quienes imparten “justicia” en este país.

El papel de los fiscales también es cuestionable. Aunque no están obligados, piden la máxima pena y por ello muchas veces los jueces la reducen. Otras veces la pena pedida es la mínima, y el juez la aumenta.  Ello reduce la confianza popular, al punto de considerar inexistente el sistema de justicia, lo cual lleva a la corrupción como única forma de ganar un juicio. Todo se complica cuando el acusado, sea culpable o no —algo ya irrelevante— se enfrenta a un juicio con la sentencia ya ordenada previamente porque constituye una venganza disfrazada de legalidad, aun cuando fuera cierto el delito. No sólo se cumple “para mis amigos, todo; para los demás la ley”, sino se debe agregar “debidamente retorcida”. La saña puede estar presente debido a la virilidad dudosa.

El caso de Jose Rubén Zamora es político, disfrazado de legal. Por eso la  conservadora defensora del ejercicio periodístico Sociedad Interamericana de Prensa rechaza el ‘ensañamiento’, las ‘múltiples irregularidades’ y la ‘desproporción’ de la pena, ordenada a lacayunos personajes llevados al  sistema legal. El criterio oficialista de ser este un caso de delitos comunes, puede ser derrumbado desde su criterio opuesto: pertenece a la libertad de expresión y se está justificando por delitos existentes, o no. De nuevo: si fuera culpable y es condenado por jueces y fiscales obedientes, el resultado indudable será la incredulidad de quienes lo conozcan y/o se enteren, acompañada de un rechazo al tan veleidoso y antojadizo sistema legal de Guatemala.

A Zamora, la fiscal Cinthia Monterroso y el fiscal Curruchiche pidieron la máxima pena posible, y de confirmarse saldrá al cumplir 106 años. Lógica jurídica, pero cadena perpetua. Si la reducen a la mitad, cuando tenga 86. El ensañamiento e irregularidades se comprueban ante el rechazo a los abogados y documentos de defensa. Otro periodista perseguido, Juan Luis Font, decidió exilarse y los acontecimientos le dan la razón. Todo dictador actúa con “legalidad”. Quiere “respetar la ley”. Hace décadas, un ministro de Gobernación dijo “los periodistas de Prensa Libre sólo pueden entrar a la Penitenciaría en calidad de presos”. Un presidente afirmó: “hay libertad de prensa, pero me las pagan en la próxima restricción de garantías”. El  parecido no es coincidencia.