Carlos Soto, del área legal del ingenio indicó (en respuestas por escrito enviadas mediante la Asociación de Azucareros de Guatemala, Asazgua) que las usurpaciones agravadas iniciaron en septiembre de 2020; hubo otra en julio de 2022 y la más reciente es la de mayo del 2023.
Se agrega que en todas las fincas usurpadas se realizaban trabajos agrícolas relacionados en su mayoría con la caña de azúcar y que gran parte de la misma fue quemada. También les han robado equipo de riego y maquinaria, aparte de varios trabajadores han sufrido amenazas y detenciones ilegales.
Explicó que no contar con la caña de azúcar se traduce en pérdidas económicas en producción de azúcar y subproductos como alcohol etílico y bagazo (el cual se usa como combustible para generar energía eléctrica).
El tema eléctrico
Sobre ese último tema, se informó que por el momento no hay una afectación directa o que ponga en riesgo las operaciones de las plantas de producción y generación de electricidad, pero en caso de que se diera una usurpación dentro de las instalaciones industriales de Grupo Magdalena, sí se tendría inconvenientes para entregar la energía, en caso de que el Mercado Mayorista les requiera el despacho.
La capacidad instalada supera los 200 megavatios (MW) y en época de zafra se genera alrededor del 12% de la demanda nacional.
Consultado sobre los motivos de las usurpaciones, el representante de la compañía indicó que las personas que han llegado aducen derechos falsos sobre la inscripción registral de una finca que se encuentra en otro lugar.
En cifras
El Termómetro de la Propiedad, del Observatorio de Derechos de Propiedad reportó que en el 2022 hubo 122 mil 461 denuncias de delitos contra el patrimonio, 10.6% más que en el 2021.
Dentro de estas, hubo 4 mil 389 de denuncias de delitos contra propiedades inmuebles, que incluyen usurpaciones o invasiones.
El informe del observatorio refiere que hay ineficiencia en la resolución de los casos, ya que solo 71 (el 2%) de ellos llegaron a una sentencia, lo que equivale a una baja de 46% en comparación con el año anterior. Además, solo en el 0.3% de los casos se concretaron desalojos, para un total de 26.
Según acumulados de las denuncias relacionadas con invasión de propiedades del 2017 al 2021, en ese período se presentaron 20 mil 596 denuncias penales, expuso el observatorio citando datos del Ministerio Público (MP).
Esto representa un promedio de 4 mil 119 al año durante ese plazo y ese es un promedio que se ha mantenido por más de una década, aunque también se reportan desestimaciones que variaron entre 1 mil 572 y 2 mil 957 por año, añadió el observatorio.
Propuesta
El Observatorio mencionado emitió una propuesta de 7 acciones a los partidos políticos para que se tomen en cuenta en la agenda del próximo gobierno y Congreso, orientadas a mejorar la seguridad jurídica y el fortalecimiento de las instituciones a cargo de garantizar la protección y el respeto al derecho humano de propiedad. Estas consisten en:
- Dinamización del sistema de Registro de Propiedad Inmueble:
Mediante la modernización del sistema de registro para lo cual se deben implementar tecnologías avanzadas para realizar el proceso registral vía electrónica, con el fin de facilitar y reducir de los tiempos en las transacciones inmobiliarias. Lograr la transcripción digital del 100% de las inscripciones registrales que siguen de forma manuscrita y la adhesión voluntaria completa a la Ley de Simplificación de requisitos y trámites administrativos, decreto 5-2021.
- Fortalecimiento de la seguridad del sistema de registro de propiedad inmueble:
Implementar medidas de seguridad electrónica en el sistema de registro de propiedad inmueble, que incluya la verificación de la identidad y autenticidad de los documentos presentados, sistemas de encriptación, autenticación de usuarios y monitoreo constante del sistema.
- Fortalecer el marco regulatorio que rige el catastro nacional para agilizar el proceso catastral:
Crear la vinculación obligatoria y solución real con el Registro General de la Propiedad para lograr solucionar las inconsistencias de inscripciones antiguas que entorpecen el proceso de catastro. Que el Ejecutivo y las municipalidades doten de recursos para continuar con el registro catastral.
- Persecución penal efectiva de Las violaciones del derecho de propiedad inmueble:
Diseño e implementación de una política criminal por parte en materia de los delitos que atentan contra el derecho de propiedad inmueble para que sea aplicada por las distintas entidades relacionadas como el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Organismo Judicial. Además, unificar los protocolos de las distintas entidades para los desalojos de propiedad inmueble en la comisión de delitos de usurpación sujetos al marco legal vigente sin extralimitación de funciones, y fortalecer el rol de la PNC.
- Formación en materia de derechos de propiedad:
Y sobre su importancia para todos los guatemaltecos, conceptos y alcances de los derechos de propiedad privada.
- Fortalecimiento del régimen de protección de la propiedad intelectual:
Reformas legales para modernizar la legislación de registro e impulsar el fortalecimiento institucional de las entidades encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos.
- Fomento y agilización del proceso de titulación supletoria:
Desarrollar medidas y cambios regulatorios para simplificar y agilizar los trámites asociados al régimen de titulación supletoria. Fomentar la titulación especial contenida en la Ley del Registro de Información Catastral 41-2005 para los municipios que han cumplido con el proceso de catastro.
