Los delitos contra la propiedad, como las invasiones de fincas, constituyen una agresión recurrente a la productividad, que se prolonga por la falta de acciones firmes y precedentes legales específicos. Este azote conculca el derecho constitucional a la propiedad privada y compromete la certeza jurídica.
Algunos de estos sucesos han ocurrido en territorios agrícolas, en total impunidad y a veces con débil intervención de las fuerzas de seguridad. Un caso reciente afecta una finca de caña de azúcar del Ingenio Magdalena, en La Gomera, Escuintla, uno de los más grandes y productivos del país, que genera cientos de empleos e importantes divisas por exportaciones.

Un grupo armado se apoderó de dicho territorio con fines desconocidos, pero al parecer ligados al narcotráfico. La gavilla impide el acceso a trabajadores de la empresa y ha llegado a bloquear el paso hacia otras áreas de cultivo. Asimismo, incurren en retenciones ilegales de personas para interrogarlas, como si no se tratara de una finca privada. Se pidió apoyo al Ejército para desalojar a los invasores, porque se supone que son una fuerza profesional y eficiente, pero los intrusos exhibieron tal poder de fuego, que fracasó el operativo.

Es preciso cuestionar dónde está el Estado ante estas situaciones, sobre todo porque al reprimir a población civil indefensa se exhibe lujo de fuerza. También despierta suspicacias el poco apoyo gubernamental para el intento de desalojo. Surge la duda de si acaso existen conflictos de interés en las carteras de Gobernación o de la Defensa para permitir semejante nivel de desafío a la autoridad. ¿Qué están esperando? ¿A llegar a las dantescas situaciones que se viven en México?

La invasión en referencia no es la única. En el 2022 se reportaron 4 mil 389 denuncias de delitos contra propiedades inmuebles, las cuales incluyen usurpaciones e invasiones, según análisis del Observatorio de Derechos de Propiedad. Las cámaras de Industria y del Agro y la Asociación de Azucareros de Guatemala han manifestado su preocupación por la reincidencia. Del 2017 al 2021 se presentaron 20 mil 596 denuncias por delitos contra la propiedad en el Ministerio Público. En promedio, más de 4 mil al año. Sin embargo, hay otras que llevan más de siete años sin que se resuelva nada, y solo un 2 por ciento llega a juicio.

En algunos casos hay litigios, algunos bastante antiguos, sobre la propiedad legal de terrenos, pero la mayoría de invasiones son perpetradas por grupos vinculados con mafias, contrabando y trata de personas, que intentan sabotear el crecimiento económico y la actividad productiva a fin de propiciar más pobreza, acicatear la vulnerabilidad de los pobladores y agudizar la ausencia del Estado en esos territorios. Ciertas áreas de la Costa Sur son codiciadas por estructuras del narcotráfico que utilizan las planicies para pistas clandestinas de aterrizaje. Pero no les basta, pues necesitan aislar territorios y rutas de escape para cometer sus fechorías. En el pasado se ha individualizado a militares en activo y retirados como cómplices, además de algunos funcionarios ediles y hasta presidenciables.

Por ello urge una acción firme del Estado y combatir la infiltración de dinero sucio en campañas electorales, porque hay candidatos que ejecutan sospechosos dispendios sin aclarar el origen de los fondos. La intención de usar un cargo para fines perversos es clara. Pese a ello, el TSE consiente reportes atrasados, imprecisos e incompletos de gastos de campaña.